Karla Hernández: de sobreviviente a reformadora 

“Después del incidente, hicimos todo lo posible por tratar de obtener justicia… trabajamos con investigadores privados, abogados… y aun así no había ninguna alternativa para obtener el tipo de ayuda que necesitábamos”, sostuvo Hernández en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico. La agresión sexual de la que fue víctima, en una playa de Arecibo, nunca llegó a ser un caso radicado en tribunales.

Ese fue el punto de partida para una iniciativa que hoy busca transformar el sistema: la creación de Vivo Alliance, que impulsa una nueva Carta de Derechos de las Víctimas de Delito en Puerto Rico. Se trata de un proyecto que trabaja de la mano de su esposo, Gerald Ericksen.

Luego del trauma y de no encontrar respuesta adecuada en el sistema de justicia, el matrimonio partió a vivir a Utah. Hernández relató que decidió contar su historia públicamente —inicialmente en una publicación de alcance nacional en Estados Unidos— y que, tras hacerlo, comenzaron a llegar otras víctimas con experiencias similares.

“Estando allá, llegamos a la conclusión de que nosotros sentimos que podíamos ser capaces de hacer algo, y decidimos regresar. Básicamente, regresamos porque sentíamos que no queríamos vivir una vida sintiendo que, sí, había algo que nosotros podíamos hacer y que decidimos no hacerlo por seguir nuestras vidas y no mirar atrás. Y me venían a mi mente todas esas víctimas que me contaban su historia y por ahí sentí que no, básicamente no podemos. O sea, tenemos que regresar y tenemos que continuar este trabajo”, relató.

Sobre el sistema de justicia en Puerto Rico, dijo que “nos percatamos de que había cierta deficiencia… no es que no hayan servicios psicológicos o intercesores legales, es el proceso criminal en sí”. Según esta, hay víctimas que enfrentan un sistema donde su rol se limita al de testigo en su propio caso, con poca participación en decisiones clave y escasa visibilidad sobre el proceso.

Un sistema bajo cuestionamiento

El diagnóstico que presenta la organización se apoya en datos que, según sus investigaciones, evidencian una desconexión entre inversión pública y resultados.

Desde la declaración del estado de emergencia por violencia de género en 2021, calcularon que se han destinado cerca de $60 millones en fondos públicos, mientras indicadores como feminicidios y agresiones sexuales han ido al alza.

Para Hernández, el problema no radica únicamente en la disponibilidad de servicios, sino en cómo el sistema responde una vez la víctima entra al proceso judicial.

“Cuando la víctima reporta un caso… muchas veces se le priva de tener un rol significativo y se puede sentir deshumanizada”, afirmó.

La propuesta: derechos ejecutables, no simbólicos

A partir de ese análisis, Vivo Alliance desarrolló una propuesta legislativa que busca derogar la actual Ley 22 de 1988 y sustituirla por un marco con obligaciones claras y ejecutables.

La iniciativa propone medidas como representación legal independiente para víctimas dentro del proceso judicial, consulta obligatoria antes de acuerdos de culpabilidad, comunicación periódica entre fiscales y víctimas, y participación en etapas clave del proceso.

El diseño de la propuesta surge de un análisis comparativo de los 50 estados de Estados Unidos y 21 países, en colaboración con la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Según el endoso institucional de esa facultad, el marco legal vigente “carece de los mecanismos de cumplimiento necesarios para que esos derechos sean operacionalmente efectivos” y la propuesta subsana esas deficiencias con disposiciones “precisas y ejecutables” .

La iniciativa ha recibido respaldo de organizaciones como la Joyful Heart Foundation y la League of United Latin American Citizens (LULAC), que destacan su potencial para transformar el acceso a la justicia.

En su carta de apoyo, la Joyful Heart Foundation sostiene que la propuesta representa “una transformación decisiva y largamente esperada” en la forma en que se entiende y se imparte justicia a sobrevivientes.

De igual forma, LULAC advierte que el sistema actual refleja “fallas estructurales” que limitan la rendición de cuentas y afectan la confianza pública en las instituciones.

El reto legislativo

Aunque la medida aún no ha sido radicada, Hernández indicó que ya han iniciado acercamientos con legisladores y que su intención es presentar la propuesta en el Senado.

El momento, planteó, es crítico, ante una ventana legislativa limitada para considerar reformas de este alcance.

Más allá de la propuesta legal, Hernández mantiene un enfoque claro: que otras víctimas no se queden en silencio. “No se rindan… aunque sientan que su caso no va a ir a ningún lado. No dejen que lo que les pasó las identifique”, expresó.