Prácticos de la Bahía de San Juan alertan sobre cambios al sistema de practicaje en Puerto Rico 

Según el escrito, la presidenta de la Comisión de Practicaje, Jessica Ñeco Morales, designada por la gobernadora Jenniffer González, habría promovido reuniones y discusiones sobre un borrador legislativo sin la participación de todos los miembros del organismo, lo que —según los prácticos— podría constituir un incumplimiento de compromisos previos ante el tribunal.

De acuerdo con la moción, el comisionado que representa a los prácticos fue excluido del proceso, lo que levanta cuestionamientos sobre la transparencia y el funcionamiento de la comisión, la cual por ley debe operar de manera colegiada, técnica e independiente.

El grupo advirtió que este tipo de acciones debilita el rol de las comisiones especializadas encargadas de proteger el interés público mediante decisiones informadas y libres de presiones políticas o económicas, modelo que —afirman— ha sido clave en el desarrollo del sistema de practicaje en Estados Unidos.

Asimismo, señalaron que el proyecto legislativo en discusión devolvería el sistema de practicaje a un modelo centralizado bajo la Autoridad de los Puertos, lo que catalogaron como un retroceso frente a las reformas implementadas hace casi tres décadas para fortalecer la seguridad marítima y la competitividad portuaria.

“Esto no es una controversia administrativa, es un asunto de seguridad pública, continuidad económica, cumplimiento y transparencia gubernamental. Retroceder casi treinta años a modelos obsoletos e ineficientes es poner en riesgo la seguridad de la Bahía y del tráfico del Puerto de San Juan”, expresó el capitán Carlos Ramos Suárez, portavoz de los prácticos.

Según datos del organismo, en 2025 se registraron 5,680 movimientos de embarcaciones en la Bahía de San Juan sin incidentes, lo que —indicaron— evidencia la efectividad del modelo actual.

Los prácticos advirtieron que la derogación de la Ley 226 podría impactar la seguridad de las embarcaciones, la protección ambiental del estuario, la cadena de suministros y la reputación del principal puerto comercial del país. También señalaron que transferir la supervisión a la Autoridad de los Puertos aumentaría los riesgos operacionales al tratarse de una entidad que, a su juicio, carece de la pericia técnica necesaria y está sujeta a presiones externas.

Además, enfatizaron que el servicio de practicaje no representa un costo directo para el pueblo, ya que es asumido por las empresas navieras, por lo que cuestionaron cualquier intento de convertirlo en una fuente de ingresos gubernamentales.

El grupo hizo un llamado a la Asamblea Legislativa, al sector privado y a la ciudadanía a exigir transparencia total en el proceso, incluyendo la divulgación del proyecto de ley y la celebración de vistas públicas con expertos independientes.

“Confiamos en que, como resultado de esta petición ante el Tribunal Federal, la Rama Legislativa evalúe esta situación por sus méritos y tome las medidas correctivas para salvaguardar la seguridad portuaria del país”, expresó el capitán Kenneth Díaz.

Los Prácticos de la Bahía de San Juan llevan cerca de un siglo a cargo de las maniobras de entrada y salida de embarcaciones en el principal puerto del país, labor que consideran esencial para el flujo de mercancías y el desarrollo económico de Puerto Rico.