El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 671, una medida que busca atender la escasez de profesionales en el sector de la plomería ampliando las funciones de los oficiales plomeros en la isla.
La legislación autoriza a estos trabajadores licenciados a emitir certificaciones relacionadas con instalaciones de sistemas de gas, una responsabilidad que hasta ahora recaía exclusivamente en los maestros plomeros.
La pieza, de la autoría del senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, enmienda la Ley 59-2022 para permitir que los oficiales plomeros puedan certificar instalaciones y reinstalaciones —tanto residenciales como comerciales e industriales— de gas licuado de petróleo, gas natural y otros productos peligrosos transportados por tuberías, siempre en cumplimiento con la reglamentación vigente.
Según el legislador, la aprobación responde a una necesidad urgente en el país.
“Esta aprobación representa un paso importante para modernizar nuestros procesos y atender una necesidad real que impacta directamente el desarrollo de proyectos y la seguridad de nuestras comunidades. Puerto Rico enfrenta una escasez significativa de estos profesionales, por lo que resulta necesario ampliar las capacidades dentro del marco regulatorio existente para garantizar continuidad en los servicios y agilidad en los permisos”, expresó Sánchez Álvarez.
La medida reconoce que la alta demanda de trabajo en distintos sectores, combinada con la limitada disponibilidad de profesionales, ha provocado atrasos en procesos clave, particularmente en la obtención de permisos.
En ese contexto, se busca aliviar la carga operacional del sistema al distribuir funciones entre más personal cualificado.
A pesar de la ampliación de facultades, la legislación mantiene los estándares de fiscalización y cumplimiento. Las certificaciones deberán continuar realizándose bajo las disposiciones reglamentarias aplicables y bajo la supervisión de las agencias pertinentes, con el fin de salvaguardar la seguridad en instalaciones que manejan sustancias potencialmente peligrosas.
Con esta movida, el Senado apunta a agilizar procesos sin flexibilizar los controles regulatorios, en un intento por responder a una realidad laboral que, según el propio proyecto, ya está afectando el ritmo de desarrollo de infraestructura en Puerto Rico.
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