Piden renuncia o destitución de Suzanne Roig, secretaria de la Familia 

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado solicitó esta mañana la renuncia de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, tras revelar documentos que la involucran en posibles delitos por irregularidades contractuales cuando laboró en el Departamento de Salud (DS).

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De no concretarse, el colectivo pidió a la gobernadora Jenniffer González Colón que destituyera a Roig Fuertes, quien no informó al Senado sobre su investigación activa en el Departamento de Justicia cuando era evaluada para la secretaría, cuyo caso fue archivado en octubre pasado. La secretaria Lourdes Gómez Torres no había entrevistado a los testigos que sometieron declaraciones juradas para tomar esa decisión.

Según ha trascendido y de acuerdo con los documentos de Salud que obtuvo la delegación, Roig Fuertes habría favorecido la contratación de la empresa de seguridad One Source Inc. (OSI) para el manejo y tratamiento de un paciente psiquiátrico de “difícil manejo” que recibía servicios de la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI), la rama que ella dirigió de febrero del 2021 a enero del 2022.

Además de la destitución, el portavoz del PPD, Luis Javier Hernández Ortiz, urgió a reabrir el caso en Justicia porque los documentos del DS eran “base suficiente” para abrir una investigación y referirla a un fiscal especial independiente, y a que la Oficina de Ética Gubernamental divulgue si recibió un referido de Roig Fuertes.

“Esta señora no puede estar un solo día más sentada en la silla de la secretaría de la Familia porque las alegaciones en su contra son muy serias”, señaló el exalcalde de Villalba, junto a los senadores Ada Álvarez Conde y José “Josian” Santiago Rivera.

“Aquí hay declaraciones juradas de varios testigos que indican potencial esquema de favorecer a una compañía específica para brindar servicios a un solo participante a razón de 60,000 dólares mensuales, que se repitió en dos ocasiones con dos administradores”, abundó.

Incluso, una carta del entonces secretario de Salud, Carlos Mellado López, a Justicia menciona que supo de posibles violaciones de Roig Fuertes a la Ley de Ética Gubernamental, al Código Penal y a la Ley 237 del 2004, luego de que instruyera a proveedores de Salud a subcontratar servicios con OSI, presidido por Jesús Nadal Sárragas, para que evadiera el esquema de contratación del gobierno.

“Esta conducta podría configurar los delitos de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento injustificado”, desglosó Mellado López en su misiva al exsecretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

El paciente psiquiátrico, identificado por sus iniciales como INR, estuvo bajo el cuidado del Hogar Hacienda Don Luis y, tras un incidente en ese centro, pasó al hogar Brother’s Home.

La declaración jurada de Eliut Colón García, propietario del hogar Don Luis, indica que, pese a su propuesta de $29,424 por el cuidado del paciente, la misma agencia le elevó el pago a $60,000, de los que debían traspasar a OSI una cuantía de $42,304.

Cuando el dueño del hogar le preguntó a Roig Fuertes sobre el presupuesto de Nadal Sárragas, ella le contestó: “Que pagara porque para eso me estaban pagando buen dinero”, narra el affidávit.

Alberto Ortiz Rivera, propietario de Brother’s Home, relató en su declaración que una funcionaria del DS, identificada como Laura Solá Palacios, le informó que recibiría $50,000 por el manejo del paciente: $10,000 para el hogar y $40,000 para OSI.

El senador Hernández Ortiz radicó hoy una moción para que la secretaria de Justicia entregue copia al Senado del expediente relacionado a Roig Fuertes, como declaraciones juradas, anejos y correos electrónicos, así como un informe rendido por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de donde surge la recomendación para que se archivara el caso.

“No puede negarse a entregarlos a nosotros como parte de nuestras gestiones de investigación. La capacidad que tiene el Senado de investigación es amplia. Este asunto que conlleva fondos estatales y federales, que tiene que ver con servicio directo a la población con discapacidad intelectual, no puede pasarse por alto”, amplió Hernández Ortiz.

También se radicó una resolución de investigación para revisar todo el DSPDI, que ha operado por 30 años, recibe fondos estatales y federales y brinda servicios a 900 participantes, mientras cientos permanecen en lista de espera, detalló el senador.

Al entendimiento de la delegación, INR se encuentra en un centro en Aguadilla que le brinda servicios a un costo menor de $60,000 mensuales.