El presidente de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado, senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, atendió el jueves, en vista pública el Proyecto de la Cámara 911, que propone establecer un marco regulatorio para la práctica conocida como “voceteo” en Puerto Rico.
Durante la vista pública, la Comisión recibió ponencias de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Policía de Puerto Rico, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, las cuales presentaron recomendaciones y observaciones relacionados con regulación y viabilidad de la medida.
“El análisis de las ponencias presentadas hoy refleja que, en términos generales, las entidades comparecientes coinciden en la necesidad de evaluar enmiendas al proyecto. Por ejemplo, la Federación de Alcaldes planteó la importancia de revisar el esquema de sanciones, asunto que esta Comisión estará evaluando”, expresó el senador Sánchez Álvarez.
Según surge de la ponencia de la Federación de Alcaldes, aunque existen ordenanzas municipales que atienden el problema del ruido excesivo, persisten retos en la uniformidad y fiscalización, por lo que se plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de sanción y coordinación entre jurisdicciones.
El senador añadió que algunas de las ponencias coincidieron en plantear alternativas adicionales sobre el alcance de la medida. “De igual forma, la Asociación de Hoteles y Turismo, así como la Policía de Puerto Rico, plantearon la posibilidad de considerar una prohibición más amplia, incluso de carácter continuo, especialmente en áreas turísticas y zonas escolares, en contraste con el horario establecido en la medida”.
Asimismo, destacó que uno de los elementos más discutidos fue la definición de “voceteo”. “Otro elemento que surgió de manera consistente es la amplitud de la definición de “voceteo”, lo que requiere un análisis cuidadoso para asegurar claridad en su aplicación y uniformidad en la fiscalización”, añadió Sánchez Álvarez.
En su comparecencia, la Policía de Puerto Rico presentó observaciones sobre la definición propuesta de “voceteo” y aspectos relacionados a la fiscalización, incluyendo la evaluación de medidas adicionales en áreas sensibles y consideraciones para facilitar la aplicación de la ley.
Mientras que, el Departamento de Transportación y Obras Públicas señaló que la medida responde a una problemática observable en las vías públicas y subrayó la importancia de establecer un marco uniforme que atienda el impacto del uso de sistemas de sonido en vehículos sobre el orden público, la seguridad vial y la tranquilidad de la ciudadanía.
La Compañía de Turismo de Puerto Rico reconoció que la medida atiende una problemática real, pero planteó la necesidad de evaluar posibles efectos en actividades culturales y turísticas, recomendando que se contemple un balance entre la regulación del ruido y la celebración de eventos autorizados.
Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales indicó que Puerto Rico ya cuenta con un marco reglamentario para el control de contaminación acústica, incluyendo límites de niveles de sonido y definiciones aplicables, por lo que recomendó evaluar la interacción de la medida con la reglamentación vigente para evitar inconsistencias en su implementación.
“El proceso legislativo requiere precisamente este tipo de análisis amplio. La Comisión estará evaluando en su totalidad lo discutido en la vista pública, incluyendo las distintas recomendaciones y preocupaciones presentadas de los compañeros senadores que participaron de la vista pública de hoy, con el objetivo de continuar el proceso de análisis legislativo de forma responsable”, concluyó el senador.
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