JSF advierte a municipios por aplicar ley de contratos que ya había objetado 

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió a varios municipios que no pueden implementar la Ley 215 del 2024 —previamente objetada por el organismo— y exigieron información detallada sobre contratos y compras realizadas bajo ese marco.

En una carta dirigida a los alcaldes de San Juan, Dorado y Vega Baja, la JSF sostuvo que, pese a que el proceso de evaluación bajo la ley federal PROMESA aún no ha concluido, los municipios habrían aprobado ordenanzas para ajustar sus reglas de contratación conforme a la legislación cuestionada.

Ante ese escenario, el ente fiscal ordenó a los municipios entregar, en o antes del 30 de abril de 2026, documentación sobre contratos de construcción, compras sin subasta y recaudos por arbitrios relacionados a proyectos financiados con fondos públicos.

La Junta reiteró que ni la Ley 215 ni la Ley 141 del 2024 pueden ser implementadas hasta que se determine si cumplen con los planes fiscales certificados, y exigió detener cualquier acción en esa dirección. Además, advirtió que se reserva la facultad de tomar medidas para impedir o anular su aplicación.

Advertencias previas ignoradas

La nueva comunicación se produce meses después de que la JSF objetara formalmente la Ley 215 por entender que debilita los controles en la contratación pública y aumenta los riesgos de corrupción.

En aquel momento, el organismo fiscal señaló que la ley reduce el número de contratos sujetos a subasta, eleva significativamente los umbrales para compras sin competencia y amplía la discrecionalidad de los alcaldes en la validación de contratos.

También cuestionó que el gobierno no presentara un análisis fiscal adecuado conforme a los requisitos de PROMESA, lo que dejó incompleto el proceso de evaluación de la medida.

La JSF ha insistido en que aumentar los límites para contratos sin subasta puede reducir la competencia, encarecer proyectos y abrir espacio a prácticas de favoritismo o corrupción. Asimismo, advirtió que disposiciones de la Ley 215 permiten a los municipios imponer arbitrios de construcción en proyectos financiados con fondos estatales o federales, lo que podría elevar los costos de obras de infraestructura.

El organismo también subrayó que los municipios no tienen la misma capacidad administrativa ni presupuestaria que el gobierno federal, por lo que adoptar umbrales similares para microcompras resulta inapropiado.

La JSF indicó que continuará dialogando con el gobierno sobre posibles ajustes a las normas de contratación municipal, pero condicionó ese proceso a que los municipios detengan la implementación de las leyes cuestionadas y reviertan cualquier acción tomada hasta el momento.