Bonistas de la AEE piden al tribunal obligar a la Junta a entregar documentos sobre ingresos netos 

Los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitaron al tribunal federal que obligue a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a entregar documentos clave sobre los ingresos netos de la corporación y el manejo de fondos federales, en un nuevo capítulo dentro del proceso de quiebra bajo PROMESA.

En una moción radicada el 17 de abril, los acreedores alegan que la AEE acumuló más de $3,700 millones en ingresos netos hasta el año fiscal 2023, y sostienen que esa información es esencial para determinar el alcance de su colateral y sus reclamaciones en el caso.

Según los bonistas, la Junta ha objetado o limitado la divulgación de información relacionada con la contabilidad histórica de la corporación, incluyendo la forma en que se han calculado los llamados “net revenues”, definidos como la diferencia entre ingresos y gastos operacionales.

Los acreedores también cuestionan la postura de la Junta sobre esos cálculos, al alegar que intenta modificar o descartar metodologías utilizadas por la AEE durante décadas para determinar esos ingresos, lo que —a su juicio— tendría el efecto de reducir o eliminar el dinero disponible para el pago de la deuda.

Otro eje de la disputa es el manejo de fondos federales asignados a proyectos de la AEE. Los bonistas sostienen que necesitan información detallada sobre esos recursos, al plantear que algunos gastos podrían haber sido cubiertos o reembolsados con fondos federales, lo que incidiría en el cálculo real de los ingresos y gastos de la corporación.

Como parte de su solicitud, los bonistas piden acceso a informes financieros mensuales, documentos sobre el cálculo de ingresos netos y gastos corrientes, así como evidencia sobre la recepción y uso de fondos federales.

La moción está respaldada por una declaración del abogado Glenn M. Kurtz, que incluye múltiples anejos con documentos financieros, prospectos de bonos y comunicaciones previas entre las partes, utilizados como base para sustentar la solicitud de descubrimiento de prueba.

En paralelo, las partes presentaron al tribunal un plan de descubrimiento que establece un calendario acelerado para el litigio, con intercambios de documentos, deposiciones durante el verano y posibles mociones de sentencia sumaria a partir de agosto.

No obstante, el propio documento evidencia diferencias entre las partes sobre el alcance del descubrimiento: mientras la Junta favorece limitar la información a divulgar, los bonistas insisten en acceso más amplio a datos históricos y financieros relacionados con la operación de la AEE.

La controversia ocurre luego que la jueza Laura Taylor Swain levantara parcialmente la protección de quiebra sobre pleitos, lo que provoca un momento determinante para la reestructuración de la deuda de la corporación pública.