A punto de caramelo el vencimiento para que Hacienda entregue información contributiva de Antonio Sagardía 

La entrega de la información contributiva del contratista Antonio Sagardía de Jesús, tras una solicitud formal del Senado de Puerto Rico está supuesta a vencer este martes, 21 de abril, sin embargo, La Fortaleza desconoce si el Departamento de Hacienda ya sometió la información.

Según el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, “Fortaleza no es parte del pleito” e indicó que “nosotros no intervenimos en ese tipo de decisiones, eso lo hace Hacienda, Justicia, y ellos determinarán cuál es el próximo paso”.

El pasado viernes, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, entregar, en un plazo de 48 horas, la información contributiva de Sagardía, y la jueza Iris L. Cancio González advirtió que el incumplimiento podría conllevar sanciones por desacato civil.

Peña Payano, a su vez, adelantó hoy, domingo, que “se ordenó cumplir” con la entrega de información, sin embargo, está sobre la mesa una posible apelación.

“El Tribunal de Primera Instancia llegó a una decisión respecto a enviarla [la información] o no, y es Justicia, ¿verdad?, siendo abogado del Departamento de Hacienda, quién va a determinar si van a enviarlo, o lo van a apelar o no", explicó Peña Payano a preguntas de la prensa.

“La posición de nosotros es, y hemos sido claros en que hay una posición de la información de los contribuyentes que es dedicada, que debe ser custodiada por quien tiene el deber ministerial que es el secretario de Hacienda, y simple y llanamente se hizo una solicitud por parte del Senado”, añadió.

Hacienda se había negado a entregar los documentos alegando que la información contributiva es confidencial y que su divulgación podría vulnerar derechos de terceros. No obstante, el tribunal concluyó que ese planteamiento no es suficiente para frenar la orden, al entender que la petición del Senado responde a un fin legítimo dentro de su facultad constitucional de fiscalización.

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El Senado, por su parte, había defendido su petición de información ante el Tribunal al alegar que la petición de información “no requería acceso a planillas contributivas ni copias de informativas del contribuyente sino una certificación que hiciera constar que Sagardía presentó W2, formularios 480 o si presentó enmiendas de las informativas”.

En su análisis, la jueza sostuvo que la Asamblea Legislativa tiene un amplio poder investigativo como parte de su autoridad constitucional, particularmente cuando busca examinar el manejo de fondos públicos. Además, determinó que la información solicitada no constituye, en este caso, una intromisión indebida en la intimidad del contribuyente, ya que está vinculada a su rol como contratista del Estado.