Tribunal ordena a Hacienda entregar información contributiva de contratista investigado por el Senado 

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Departamento de Hacienda entregar al Senado de Puerto Rico información contributiva relacionada con el contratista gubernamental Antonio M. Sagardía de Jesús, en una determinación que intensifica el choque entre el Ejecutivo y el Legislativo en medio de una investigación sobre contratos públicos.

La orden, emitida el 24 de marzo por la jueza superior Iris L. Cancio González, concede la solicitud presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y obliga al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, a producir los datos en un término de 48 horas, bajo apercibimiento de desacato civil.

La controversia surge luego de que el Senado aprobara de forma unánime una petición de información dirigida a examinar el cumplimiento contributivo del contratista, en el contexto de una investigación más amplia sobre la otorgación y manejo de contratos de servicios profesionales en el gobierno. Entre los datos solicitados figuran si se prepararon declaraciones informativas como formularios W-2 o 480, las fechas de radicación, la identificación de los recipientes de pagos y si dichas declaraciones fueron corregidas o enmendadas.

Hacienda, sin embargo, se negó inicialmente a entregar la información al alegar que los datos están cobijados por el derecho constitucional a la intimidad del contribuyente. Esa negativa provocó que el Senado recurriera al tribunal al amparo del Artículo 34-A del Código Político, que permite a la Asamblea Legislativa solicitar intervención judicial para obligar la producción de documentos en el curso de una investigación.

Al evaluar el caso, la jueza Cancio González concluyó que, conforme a ese estatuto, el tribunal no tiene discreción una vez se demuestra el incumplimiento de un requerimiento legislativo válido, por lo que procede ordenar la entrega de la información solicitada. En su resolución, el foro judicial enfatiza que debe expedirse una citación para que se produzcan los documentos requeridos y advierte que cualquier desobediencia será castigada como desacato civil.

El incumplimiento de la orden expondría al secretario de Hacienda a un proceso de desacato, donde podría levantar defensas constitucionales, pero bajo la autoridad directa del tribunal.