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Tribunal federal devuelve a foro estatal demandas contra LUMA 

08 May 2026
This content originally appeared on Metro Puerto Rico.

 

“El tribunal concluye que las acciones deben devolverse al tribunal estatal porque caen dentro de la excepción de poder regulatorio del gobierno”, establece la orden judicial.

Choque con argumentos de LUMA y la Junta

La determinación contrasta con los argumentos presentados por LUMA, la Junta Fiscal y un grupo de acreedores, quienes insistieron en que la controversia debía permanecer en el tribunal federal por su vínculo con la reestructuración de la AEE.

Estos sectores advirtieron que anular el contrato podría provocar inestabilidad en el sistema eléctrico y afectar el proceso de quiebra, incluso retrasándolo por años.

Sin embargo, la jueza determinó que el elemento central del litigio no es financiero, sino regulatorio: si la extensión del contrato de 2022 cumplió con las leyes locales que rigen las alianzas público-privadas y la transformación del sistema eléctrico.

Clave: poder regulatorio y no reclamo económico

El tribunal enfatizó que el gobierno no busca dinero ni activos, sino validar si la extensión contractual se otorgó conforme a ley.

Ese elemento fue determinante para concluir que el caso encaja en la excepción que limita la remoción de casos al foro federal cuando el gobierno actúa en ejercicio de sus poderes regulatorios.

Además, la jueza subrayó que el propio contrato de operación del sistema eléctrico contiene una cláusula que obliga a que disputas como esta se litiguen en tribunales de Puerto Rico, lo que refuerza la devolución del caso al foro estatal.

Dkt. 68 Memorandum and Order Remanding Case to State Court by Metro Puerto Rico

Las demandas buscan invalidar la extensión del acuerdo suplementario que permitió a LUMA continuar operando el sistema de transmisión y distribución más allá del plazo original, alegando que el proceso incumplió requisitos legales, incluyendo aprobaciones regulatorias y legislativas.

De prosperar ese planteamiento en el foro estatal, el gobierno aspira a forzar un proceso de transición del operador del sistema eléctrico.