La Oficina de la Contralora de Puerto Rico publicó un informe de auditoría tras permanecer cinco meses sin emitir estos documentos, revelando fallas significativas en la administración del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), incluyendo pagos a personas fallecidas y deficiencias en controles internos.
El informe, divulgado el 26 de marzo de 2026 y correspondiente a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), concluye con una opinión adversa, lo que implica que las operaciones evaluadas no se realizaron conforme a la ley ni a la reglamentación aplicable en aspectos esenciales.
Entre los hallazgos principales, la auditoría señala que la agencia realizó 988,617 pagos por $150,663,786 a 38,618 beneficiarios del PAN cuyos números de seguro social correspondían a personas fallecidas, según el Registro Demográfico, durante el periodo de enero de 2017 a agosto de 2024.
El análisis también identificó casos en los que los beneficios continuaron emitiéndose aun después del fallecimiento de los participantes o sin que se ajustara la composición del núcleo familiar. En una muestra evaluada, se detectaron pagos incluso cuando los expedientes permanecían activos años después de la muerte de los beneficiarios.
Al 30 de septiembre de 2024, todavía había casos activos bajo estas condiciones, con miles de pagos adicionales emitidos a personas fallecidas o a núcleos familiares que no fueron actualizados a tiempo.
La auditoría también expone deficiencias en los procesos de validación de información y en la coordinación con el Registro Demográfico. Aunque actualmente existe acceso al sistema de intercambio de datos conocido como STEVE, el informe señala que hubo periodos en los que estos acuerdos no estuvieron vigentes, lo que afectó la detección oportuna de defunciones.
A esto se suman fallas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria que administran beneficios del PAN.
Según el informe, la agencia no pudo suministrar decenas de informes trimestrales requeridos, no suspendió a instituciones que incumplieron con estos requisitos y tampoco verificó adecuadamente el uso de los fondos.
En ese contexto, se documentaron transacciones con fondos del PAN para la compra de artículos no elegibles, como bebidas alcohólicas, ropa, gasolina, artículos electrónicos y otros gastos no relacionados con alimentos. También se identificaron problemas de documentación, incluyendo recibos ilegibles o ausencia de evidencia.
El informe advierte que estas deficiencias hicieron inoperante el control interno en áreas clave, lo que permitió el uso indebido de fondos públicos y podría exponer al gobierno a señalamientos o sanciones federales, además de afectar la distribución de ayudas a participantes elegibles.
Entre las causas identificadas se encuentran debilidades en la supervisión administrativa, fallas en los procesos de validación y limitaciones de personal para fiscalizar adecuadamente el programa. La propia gerencia de la ADSEF atribuyó parte de estas deficiencias a eventos como los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia de COVID-19, así como a restricciones presupuestarias y reducción de plantilla.
No obstante, la auditoría establece que estos factores no eximen el cumplimiento con las normas y controles establecidos.
Como parte de sus recomendaciones, la Oficina de la Contralora planteó referir los hallazgos a autoridades estatales y federales, fortalecer los mecanismos de verificación de datos, asegurar acuerdos continuos con el Registro Demográfico, asignar personal para la fiscalización y realizar gestiones de recobro por los pagos indebidos.
Por otro lado el informe también señala que la agencia ha iniciado medidas correctivas, incluyendo la formalización de acuerdos interagenciales, la implementación de protocolos de validación y el desarrollo de un plan de acción para atender las deficiencias identificadas.
La publicación de esta auditoría ocurre tras un periodo de cinco meses sin informes por parte de la Oficina de la Contralora, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la continuidad en la fiscalización del uso de fondos públicos en el gobierno.
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