Sube el precio de la compra tras duplicarse la factura de luz de los supermercados 

Aponte explicó que las elevadas facturas de luz representan uno de los principales retos para la industria, debido a la necesidad de mantener sistemas de refrigeración, aire acondicionado e iluminación en los establecimientos.

Como ejemplo, señaló que un supermercado de entre 25,000 y 30,000 pies cuadrados puede pagar actualmente entre $55,000 y $60,000 mensuales por el servicio de energía, cuando anteriormente la factura rondaba entre $20,000 y $30,000.

“Todo es parte de los altos costos energéticos que tenemos. En la industria de los supermercados detallistas, gran parte de la operación es refrigerada, lo que eleva el bill de la luz exageradamente alto”, dijo Aponte durante una entrevista en el programa “Pega’os en la Mañana” de Radio Isla 1320 A.M. “Por el momento descartamos un cierre (de los supermercados). Seguimos operando, pero de una manera bien difícil y apretada”, añadió.

El pasado 30 de septiembre, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó un aumento de 5.28 centavos por kilovatio-hora en los cargos de combustible y compra de energía, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Según el NEPR, los comercios pequeños y medianos verán un aumento de 17.1% y los clientes industriales grandes de hasta 19.7%, lo que supondría un incremento de entre $63.42 y $29,108.55 al mes, respectivamente.

De la misma forma, Aponte sostuvo que los supermercados han tenido que realizar ajustes para tratar de evitar trasladar la totalidad de esos gastos a los consumidores. Sin embargo, reconoció que los aumentos en los costos operacionales hacen cada vez más difícil contener los precios.

“En el caso de los supermercados, el margen es bien bajo, por lo tanto, tenemos que seguir haciendo una serie de ajustes, tratando de evitar llegar a la góndola, pero al final del camino es inevitable poder llegar ahí”, abundó.

Igualmente, el funcionario indicó que el costo de los alimentos aumentó un 1.3% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, por lo que insistió en la necesidad de que el gobierno busque alternativas a corto plazo para mitigar el impacto en los consumidores.

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Entre las alternativas, mencionó la activación de un fondo de emergencia y la suspensión temporera de la llamada “crudita”, un arbitrio sobre el petróleo crudo y sus derivados, aprobado en enero de 2015 durante la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla.

“Le estamos diciendo al gobierno que debemos buscar una alternativa a corto plazo. Ya se ha discutido públicamente sobre fondos de emergencia y, nosotros en MIDA, hemos hablado directamente sobre el tema de la crudita”, recalcó.

“Podemos decir que la inflación y el costo de la energía nos tienen hasta aquí, pero en este caso, el costo más alto ahora mismo y el que más nos preocupa, es el de la energía. Todos los comerciantes y emprendedores se enfrentan al reto de impulsar sus negocios y, hoy en día, el mayor desafío para el emprendedor puertorriqueño es la energía”, agregó Aponte.

Precisamente, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier, propuso hoy utilizar los sobrantes del programa de Alivio Contributivo 2026 para financiar e implementar medidas dirigidas a reducir el costo de vida de las familias puertorriqueñas, tales como la eliminación temporera de la crudita.

“Entre las alternativas que entendemos pueden ser consideradas y discutidas con la Junta de Supervisión Fiscal se encuentra la eliminación temporera del impuesto conocido como la crudita para aliviar el costo de los combustibles, lo que tendría un efecto positivo tanto para los ciudadanos como para los pequeños comerciantes que dependen del transporte diario para sus operaciones. Asimismo, entendemos que debe evaluarse la suspensión temporera del Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) en ciertos renglones esenciales, particularmente alimentos preparados y otros productos y servicios de alta necesidad para nuestras familias”, dijo Charbonier en declaraciones escritas.

El representante señaló que la medida “busca utilizar recursos ya disponibles sin recurrir a la creación de nuevos impuestos ni a mayores cargas para los contribuyentes”.

“Entendemos que existe un sobrante de los fondos asignados bajo la Resolución Conjunta 6-2026. Estos recursos deben revertir directamente en beneficios concretos para nuestra gente. Si podemos utilizar esos fondos para reducir el costo del combustible o eximir ciertos artículos del IVU, estaremos brindando un alivio inmediato a miles de familias trabajadoras que hoy enfrentan dificultades para llegar a fin de mes”, concluyó.