Sindicato rechaza análisis de la Junta fiscal sobre licencias en Corrección 

La controversia en torno al Proyecto de la Cámara 1043 sumó un nuevo capítulo luego de que líderes sindicales rechazaran el análisis de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que concluyó que la medida incumple con el Plan Fiscal.

El presidente de la Unión General de Trabajadores, Edwin Méndez Cardona, acusó al organismo federal de “conducir a error” en su evaluación al sostener que restablecer la acumulación de vacaciones para empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación implicaría un aumento en costos operacionales.

“La Junta no presentó ninguna métrica que legitime su posición”, sostuvo Méndez Cardona en un comunicado de prensa, al cuestionar el argumento de que sería necesario contratar personal adicional o pagar horas extra para cubrir las ausencias por vacaciones.

El líder sindical defendió que la licencia de vacaciones es un beneficio ya contemplado en la estructura operativa del gobierno y que su manejo responde a planes internos de cada agencia. Según explicó, tradicionalmente las funciones se redistribuyen entre empleados o se adelanta trabajo, lo que evita un impacto fiscal adicional.

Además, argumentó que la reducción en la acumulación de vacaciones —de 2.5 a 1.25 días mensuales— fue una medida de austeridad temporera bajo la Ley 26-2017, por lo que su reversión no debería considerarse un gasto nuevo, sino la restitución de un derecho previamente existente.

En esa misma línea, el presidente de UNECADC, Xavier González, sostuvo que el objetivo del proyecto es devolver a los empleados civiles de Corrección a un esquema de 30 días anuales de vacaciones, como existía antes de los recortes fiscales. Señaló que la reducción ha tenido un impacto acumulativo significativo en los trabajadores durante los pasados ocho años.

Los sindicatos también plantearon que otros empleados dentro del propio Departamento de Corrección, como oficiales de custodia y maestros certificados, ya cuentan con beneficios similares, lo que —según alegan— evidencia una disparidad en las condiciones laborales.

La reacción surge días después de que la JSF concluyera en una evaluación preliminar que el proyecto incrementaría los costos laborales del gobierno y podría provocar un desbalance presupuestario, al no identificar fuentes de financiamiento para cubrir el impacto.

Los líderes sindicales, sin embargo, cuestionaron esa premisa y plantearon que, tras los avances fiscales del gobierno, resulta razonable restituir beneficios marginales a los empleados públicos.