Secretario del DDEC asegura que traslado de funcionario investigado no interfiere con el FEI 

Mediante declaraciones escritas a Metro Puerto Rico, Ríos Pierluisi explicó que, tras ser confirmado como secretario del DDEC, fue informado de que la Oficina de Recursos Humanos de la agencia había iniciado un proceso disciplinario contra Almodóvar, empleado de carrera de la OGPe, conforme al debido proceso de ley.

Según indicó, como parte de ese procedimiento, Almodóvar solicitó la celebración de una vista administrativa y, además, expresó su interés en salir en destaque de la OGPe.

“En el DDEC estamos enfocados en promover la agenda de desarrollo económico para Puerto Rico, por lo que el equipo de trabajo estará concentrando todos nuestros esfuerzos en esa dirección”, expresó.

Las declaraciones surgen luego de que trascendiera que Almodóvar fue destacado al Departamento de la Vivienda, donde actualmente se desempeña como ayudante del subsecretario de la agencia.

El pasado 18 de junio, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) designó a las fiscales especiales independientes Fabiola Acarén Porrata-Doria e Ileana Agudo Calderón para investigar posibles actuaciones ilegales de Almodóvar y de la exfuncionaria de la OGPe Charlene Neuman Rivera.

La investigación se originó tras una querella presentada por el entonces secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, y una pesquisa preliminar realizada por el Departamento de Justicia, a través de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC).

Según la determinación del Panel, Justicia concluyó que existía causa suficiente para investigar posibles violaciones al Artículo 254 del Código Penal, relacionado con la intervención indebida en las operaciones gubernamentales; al Artículo 261, sobre influencia indebida; y a varias disposiciones de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, en el caso de Almodóvar.

Además, el Panel ordenó que las fiscales especiales evalúen información adicional presentada por Negrón Reichard y las facultó para investigar a cualquier otro funcionario que pudiera haber incurrido en violaciones de ley relacionadas con los hechos.

Las fiscales cuentan con un término de 90 días para completar la investigación y determinar si procede la presentación de cargos criminales ante los tribunales.