Las rifas de artículos de alto valor que se promocionan a través de redes sociales y plataformas digitales se han convertido en una práctica cada vez más visible en Puerto Rico, particularmente en plataformas como Instagram, Facebook y páginas web creadas específicamente para estos sorteos. En dichas actividades, se anuncian premios como autos nuevos o usados y otros bienes costosos, a cambio de la compra de boletos digitales, cuyos precios suelen fluctuar entre los $10 y $25 por participación, bajo términos y condiciones establecidos por los propios organizadores.
Aunque estas condiciones suelen publicarse en imágenes, enlaces digitales o secciones de “términos y condiciones”, el modelo de operación ha generado interrogantes sobre cómo se clasifican legalmente estas actividades y qué agencias del gobierno tienen jurisdicción para regularlas.
¿Quién fiscaliza?
Desde el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), su secretario, Hiram Torres Montalvo, explicó que la agencia cuenta con un reglamento que regula los sorteos tradicionales, pero aclaró que las rifas digitales de alto valor responden a una dinámica distinta. Históricamente, DACO ha supervisado sorteos en los que no se exige una compra directa para participar, sino que el consumidor recibe un boleto como parte de otra transacción comercial.
“Esto es diferente a estas rifas que se están dando, donde están rifando vehículos de motor, yo he escuchado que hasta casas, entonces le dicen: ‘Usted tiene que pagar $20 o $25 por cada boleto para participar”, expresó Torres Montalvo.
El funcionario explicó que cuando se exige un pago como condición para participar, la actividad puede clasificarse de manera distinta a un sorteo tradicional. “Eso se puede considerar o básicamente se considera lo que sería una especie de lotería”, indicó.
A raíz de ello, Torres Montalvo añadió que, en estos casos, la jurisdicción principal recae en el Departamento de Hacienda, que es la agencia encargada de regular las loterías y verificar si estas operaciones cumplen con la ley.
“En estas metodologías nuevas de redes, que hemos visto [sorteos de]vehículos de lujo en las redes sociales, usted tiene que pagar tanto para participar, pues eso cae bajo la jurisdicción del Departamento de Hacienda… pero tenemos el ojo puesto”, expresó.
Por su parte, el Departamento de Hacienda detalló el marco legal aplicable a este tipo de actividades y los criterios que se utilizan para determinar si una rifa constituye una lotería clandestina.
En declaraciones escritas, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, estableció que la legislación vigente prohíbe estas prácticas cuando concurren ciertos elementos, entre ellos el pago de una contraprestación para participar, la existencia de un premio de valor y que el resultado dependa del azar. Añadió que, cuando se cumplen esas condiciones sin la debida autorización del Estado, la actividad se considera ilegal, independientemente de que se promocione como “rifa”, “sorteo” u otro mecanismo similar.
Hacienda precisó que, durante el año 2025, no se ha registrado ni una sola querella relacionada con loterías clandestinas. No obstante, la agencia indicó que mantiene una vigilancia constante sobre las rifas que se promueven a través de plataformas digitales y recordó que en el pasado ha llevado casos ante los tribunales.
“El Departamento de Hacienda en el pasado ha presentado pleitos en los tribunales (a través del Departamento de Justicia), para ordenar el cese y desista de personas o entidades que se han dedicado a realizar juegos u otorgar premios por medio de loterías clandestinas”, afirmó.
Entre los casos judiciales relacionados con este tipo de controversias figuró el de Don Rifa, LLC, en el que el Tribunal de Apelaciones confirmó la facultad del Departamento de Hacienda para intervenir cuando una plataforma digital opera sorteos que requieren pago para participar y en los que el premio depende del azar.
“Estamos muy pendientes a estas actividades y evaluaremos y tomaremos las acciones necesarias conforme a la ley”, concluyó el secretario.
Estudio detecta dominio del juego ilegal
Un análisis reciente de la plataforma de inteligencia técnica Yield Sec concluyó que el juego ilegal en línea capta la mayor parte de los ingresos del mercado de apuestas digitales en Puerto Rico, lo que, según el estudio, debilita el sector regulado y reduce los fondos públicos que dependen de esta actividad.
El informe, preparado para la organización Campaign for Fairer Gambling, examinó el comportamiento del mercado local durante 2024 y la primera mitad de 2025. Conforme al estudio, los operadores ilegales concentraron el 84 % del ingreso bruto del juego en línea en 2024 y el 85 % durante los primeros seis meses de 2025, lo que representó $131 millones y $75 millones, respectivamente.
Yield Sec atribuyó este dominio, entre otros factores, a la alta visibilidad digital de las plataformas ilegales. De acuerdo con sus datos, durante la primera mitad de 2025, “más del 93 % de lo que los puertorriqueños ven en Internet, cuando buscan contenido relacionado con apuestas, corresponde a marcas ilegales”. El informe también documentó una amplia disparidad en el número de operadores, con apenas cinco operadores legales activos en 2024 frente a más de 1,300 ilegales, una tendencia que se mantuvo elevada en 2025.
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