Representante José “Conny” Varela refiere a Justicia inversiones de la CFSE vinculadas a Phoenix Fund 

El representante José “Conny” Varela entregó al Departamento de Justicia de Puerto Rico un referido para que evalúe e investigue las transacciones de inversión realizadas por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en instrumentos financieros vinculados a Phoenix Fund y a PUC Holdings, LLC, por casi 100 millones de dólares.

En la carta, Varela sostuvo que el colapso “ha levantado serias interrogantes sobre la prudencia, legalidad y cumplimiento de los parámetros estatutarios y reglamentarios que rigen el manejo de fondos públicos por parte de la CFSE”, expresó el representante en el documento.

El legislador indicó que las inversiones bajo cuestionamiento superaron los 80 millones de dólares y señaló que la naturaleza fiduciaria de la corporación pública requiere una evaluación rigurosa. También solicitó que Justicia determine si existen bases para iniciar una investigación formal que aclare si ocurrió algún delito o irregularidad administrativa.

En la misiva agregó que resulta indispensable “garantizar que no haya mediado violación alguna a las leyes de Puerto Rico, incluyendo —pero sin limitarse a— disposiciones relacionadas con la administración de fondos públicos, la responsabilidad fiduciaria de los funcionarios y la integridad en los procesos de inversión”, según expresó.

Además, Varela radicó la Resolución de la Cámara 630, que ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre las inversiones de la CFSE en Phoenix Fund y PUC Holdings, LLC.

La resolución establece que la comisión deberá examinar el proceso de evaluación y aprobación de las inversiones, posibles conflictos de interés, la relación de funcionarios con las entidades receptoras, el cumplimiento de leyes y reglamentos, la estructura financiera de las compañías y la suficiencia de los controles internos de la CFSE.

La Resolución 630 faculta a la Comisión para celebrar vistas públicas, requerir documentos y citar funcionarios, y establece un plazo de 60 días para entregar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo medidas legislativas o administrativas para evitar irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Varela afirmó que tanto el referido a Justicia como la resolución responden a la necesidad de transparencia y a la protección de los fondos que administra la CFSE. “La magnitud de los recursos involucrados y la importancia de proteger los fondos públicos obligan a que este asunto sea atendido con la mayor seriedad y prontitud”, dijo el representante.