Remoción de escombros tras los terremotos en Venezuela puede tardar hasta un año 

El Ejecutivo chavista ha habilitado 14 Centros de Distribución Temporal (CDT) en el estado La Guaira, el más afectado por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio, para el procesamiento y reciclaje de los escombros de los edificios colapsados en esa región cercana a Caracas.

El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Gustavo García Carrasquero, explicó a EFE que este proceso es manejado por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Ecosocialismo, con el asesoramiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la contribución de empresas, algunas de ellas asociadas a la organización que dirige.

El representante gremial sostuvo que estos residuos se pueden usar para elaborar adoquines, alfarería, ladrillos de arcilla, cemento, elementos que no entran dentro de lo estructural de una construcción.

Por su parte, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, dijo en una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que el objetivo es que estos residuos no queden como pasivos ambientales (contaminantes).

Rodríguez confirmó que el Estado venezolano ya ha removido 2.1 millones de toneladas de escombros, especialmente en La Guaira.

Ingeniería forense

García Carrasquero consideró importante que en medio de este proceso se pueda aplicar la ingeniería forense a los escombros para determinar las causas del colapso de los edificios.

“Yo entiendo que eso se está llevando a cabo y hay informaciones de universidades que están recibiendo materiales estructurales para efectuar la ingeniería forense correctamente y los estudios en sus laboratorios”, sostuvo.

Hasta la fecha, el Gobierno venezolano no ha informado públicamente sobre estos estudios.

En este tipo de evaluaciones, prosiguió, primero se compara si la construcción coincide con lo que se proyectó y si cumplió con la normativa antisísmica vigente para el momento de la fabricación del edificio.

Como ejemplo explicó que una columna lleva acero de refuerzo y concreto que lo cubre. “Cuando se cae por algún motivo, hay un colapso, uno estudia a la vista primero si el acero de refuerzo está colocado de acuerdo a los planos”, afirmó.

Si todo está correcto, se evalúan otros factores como el suelo, ya que, como explica este ingeniero, partes de La Guaira y de Caracas tienen suelos aluviales (sedimentos acumulados por corrientes de agua).

El presidente del gremio de la construcción señaló que, de acuerdo a comparaciones hechas, en La Guaira hay una coincidencia entre las zonas afectadas por estos sismos y el deslave de 1999, causado por las fuertes lluvias y en el que se estima murieron entonces entre 10,000 y 30,000 personas.

En este caso además se suma el hecho de que fueron dos terremotos con pocos segundos de diferencia, con direcciones de movimientos distintas.

La reconstrucción

El proceso de reconstrucción está en la mira del Gobierno venezolano, con la entrega en las últimas semanas de casi 400 viviendas y la promesa de que para finales de año miles de personas podrán volver a tener un hogar.

Sin embargo, no ha empezado formalmente la construcción de nuevas viviendas, salvo la culminación de algunos edificios cuyas obras estaban paralizadas.

García Carrasquero señaló que en La Guaira se puede volver a construir, pero aclaró que se deben tener primero los resultados de los estudios de ingeniería forense para así tomar decisiones más acertadas.

Una de las opciones en este tipo de suelos, sostuvo, es profundizar los pilotes y fundaciones de los edificios, lo que advirtió elevaría el costo de la construcción por metro cuadrado.

También anticipó que se tendrán que importar materiales como cemento y metales para acelerar la construcción de edificios.

Por lo pronto, el Parlamento venezolano ha apuntado a la reforma de algunas leyes del sector inmobiliario, la última de ellas para impulsar la construcción en el país y proteger a los constructores y compradores.

En julio pasado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, estimó en 25,000 el número de casas que se necesitarán y anunció entonces un censo biométrico en los campamentos transitorios, con el fin de determinar cuántas de estas serán nuevas.