Rechazan plan de Trump para convertir almacenes en centros de detención de migrantes 

Gobiernos locales y estatales, junto a grupos civiles en distintas regiones de Estados Unidos, expresaron su rechazo al plan de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para comprar depósitos y almacenes en al menos una veintena de ciudades y transformarlos en centros de detención de migrantes con fines de deportación.

Con un presupuesto de $38,300 millones incluido en el denominado “grande y hermoso proyecto de ley”, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impulsa un nuevo “modelo” migratorio denominado Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI), que contempla el uso de instalaciones no tradicionales para ampliar la capacidad de detención.

Uno de los proyectos más criticados se ubica en Surprise, Arizona, donde el DHS prevé habilitar un almacén para albergar a unos 1,500 inmigrantes. El alcalde Kevin Sartor aseguró que cientos de residentes acudieron al Concejo municipal para expresar su preocupación por el impacto del centro en los servicios públicos, la seguridad de escuelas cercanas y el valor de las propiedades.

“No quieren un centro de detención en Surprise, no quieren otro centro más en Arizona”, afirmó.

A las críticas se sumó Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, quien advirtió que se trata de “almacenes” cuyas condiciones se desconocen. La activista recordó el historial “oscuro” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado, donde más de una docena de inmigrantes ha muerto en los últimos años en el Centro de Detención de Eloy.

“Esta Administración está deteniendo a la gente, secuestrándola de las calles y de sus trabajos; luego nadie sabe de ellos, no tienen contacto con sus familias ni con sus abogados”, lamentó.

Estados rechazan los almacenes de ICE

El rechazo también se ha formalizado desde instancias estatales. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, y la congresista Adelita Grijalva enviaron una carta al ICE solicitando explicaciones sobre la compra del almacén en Surprise.

De acuerdo con documentos del DHS divulgados por la oficina de la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, la agencia federal busca implementar la DRI para septiembre próximo. El plan incluye la compra de un almacén en la ciudad de Merrimack, destacando supuestos beneficios económicos para la localidad.

El modelo contempla “la adquisición y renovación de ocho grandes centros de detención y 16 sitios de procesamiento, así como la compra de 10 instalaciones ‘llave en mano’”, según el DHS, con el objetivo de responder a la creciente demanda de espacios y agilizar los procesos de detención y deportación.

En Surprise, activistas y residentes denunciaron que el nuevo centro estaría ubicado a unos 300 metros de una escuela donde el 60% del estudiantado es de origen hispano. Documentos del condado de Maricopa revelan que el DHS adquirió en enero un almacén de casi 39,000 metros cuadrados por $70 millones, sin notificación previa a la comunidad.

Avanza en otros estados

La iniciativa también avanza en Maryland, Florida y Texas. En el centro de Florida, funcionarios locales y congresistas federales rechazaron un presunto plan para adquirir un depósito industrial al este del aeropuerto de Orlando. El alcalde Buddy Dyer reconoció que el municipio no podría frenar la instalación por tratarse de un asunto federal.

Por su parte, los representantes federales Maxwell Frost y Darren Soto enviaron una carta al DHS para oponerse “enérgicamente” al proyecto, al denunciar abusos documentados del ICE en el estado, como el centro conocido como Alligator Alcatraz, abierto en 2025 al oeste de Miami.

En Texas, tras semanas de presión pública, una inmobiliaria desistió de vender un almacén a las afueras de Dallas que el DHS pretendía convertir en el mayor centro de detención del país, con capacidad para más de 9,000 migrantes, según filtraciones a Bloomberg. No obstante, el Gobierno logró adquirir otro almacén en El Paso, con espacio para 8,500 personas, de acuerdo con medios locales.

Mientras la Administración Trump acelera sus planes, comunidades, líderes políticos y organizaciones civiles continúan levantando su voz contra un modelo que, aseguran, profundiza la criminalización de la migración y pone en riesgo a las comunidades donde se pretende implementar.