Radican medidas para proteger a estudiantes embarazadas y apoyar a padres adoptantes 

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto a las senadoras Joanne Rodríguez Veve, Ada Álvarez Conde, Wandy Soto Tolentino y Migdalia Padilla Arvelo, radicaron dos medidas legislativas dirigidas a fortalecer la protección de la familia y atender necesidades específicas dentro de la política pública del Gobierno.

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La primera iniciativa propone crear la “Ley de Licencia de Paternidad por Adopción para Empleados del Sector Privado”, con el fin de garantizar a padres adoptantes que trabajan en la empresa privada el acceso a una licencia con paga y protección laboral mientras ejercen ese derecho.

Según el proyecto, en casos de adopción conjunta el padre adoptante tendría derecho a 15 días laborables con paga; en adopciones individuales de menores de cinco años o menos, a ocho semanas calendario; y en adopciones de menores de seis años o más, a 15 días laborables. Además, se establece la reserva del empleo, derecho a reinstalación y protección contra despidos o represalias.

La medida parte del reconocimiento de que la integración de un menor adoptado requiere tiempo y estabilidad emocional para fortalecer los vínculos familiares. En Puerto Rico, durante los últimos cinco años, se han adoptado en promedio unos 150 menores anualmente.

De otro lado, la segunda medida enmienda la Ley 220-2004, conocida como la Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada, con el objetivo de modernizar los mecanismos de apoyo y garantizar la continuidad académica tanto en el sistema público escolar como en la educación superior, incluyendo la Universidad de Puerto Rico.

La medida propone, entre otras cosas, que la Carta de Derechos esté disponible de forma continua y prominente en medios digitales; que se establezca una Ruta de Apoyo a la Estudiante Embarazada con información clara sobre derechos, acomodos, referidos y querellas; que se designe un Enlace de Apoyo a la Estudiante Embarazada en los planteles y recintos; y que se pueda activar un Plan Individual de Continuidad Académica para atender ausencias justificadas, ajustes razonables y coordinación de apoyos.

También requiere métricas mínimas de cumplimiento e informes anuales a la Asamblea Legislativa.