Radican 80 cargos criminales contra administradores de hogar en Cidra por maltrato, fraude y homicidio negligente 

La investigación reveló, además, actos de abuso y negligencia contra los pacientes que se encontraban en la facilidad. Una de las pacientes fue ingresada a una institución hospitalaria en un estado delicado de salud y con evidente deterioro físico. A pesar de las intervenciones médicas y los cuidados recibidos durante su hospitalización, su condición continuó deteriorándose hasta provocar su muerte.

“Las personas que reciben servicios de salud mental merecen atención adecuada, protección y un trato digno. Quienes asumen su cuidado tienen la responsabilidad de procurar que reciban los servicios que necesitan para atender sus condiciones. Este caso refleja las graves consecuencias que puede tener incumplir con ese deber. Desde el Departamento de Justicia actuaremos con firmeza ante conductas que pongan en riesgo la salud, la seguridad y la vida de pacientes que dependen de otros para recibir su cuidado”, expresó Gómez Torres.

De la misma forma, Gómez Torres precisó que la investigación concluyó, además, que la facilidad defraudó contratos y programas del Gobierno de Puerto Rico al recibir fondos del Departamento de la Familia (DF) por servicios esenciales de salud que no fueron ofrecidos a los participantes ubicados en la facilidad.

La fiscal Brenda Rosado Aponte, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, presentó 40 cargos contra cada imputado, para un total de 80 cargos criminales.

Rosa Solá y Alvarado Pérez enfrentan cuatro cargos por negligencia en el cuidado, cinco por maltrato a personas de edad avanzada, cuatro por apropiación ilegal, cinco por apropiación ilegal de identidad, 16 por posesión y traspaso de documentos, cinco por discrimen en los servicios de salud mental y uno por homicidio negligente.

Los cargos corresponden, respectivamente, a violaciones de los artículos 127, 127-A, 182, 209 y 217 del Código Penal de Puerto Rico; al Artículo 15.08 de la Ley Núm. 408 de Salud Mental; y al Artículo 96 del Código Penal.

El Ministerio Público también solicitó una restitución total de $33,595.48.

La jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, encontró causa por todos los cargos presentados por la Fiscalía y les impuso una fianza de $20,000 a cada uno.

Los imputados permanecerán bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 30 de septiembre.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte y la agente Tania Mora Pagán, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid.