Quedan cientos de toldos azules a nueve años del paso de María 

La información la dio a conocer el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, quien en entrevista con Metro Puerto Rico afirmó que una sola persona en estas condiciones, “es demasiado”.

“Esa fue una de las primeras preguntas que yo hice al llegar al departamento, porque tengo que tener la honestidad de decir de que cualquier persona pregunta, y puede considerar este número alto, y siempre que nos quede una sola persona con techo azul, para mí es una cifra considerable”, indicó el titular confirmado en la agencia en mayo tras la salida de Ciary Pérez Peña.

Aunque uno de los problemas más retantes que tuvo la dependencia para reparar los techos fue la titularidad de los propietarios sobre los terrenos, Martínez Román afirmó que ese no es el caso actual de estos 500, por lo que asegura que personal de Vivienda comenzó a movilizarse hacia las personas que siguen afectadas.

“Hay asuntos específicos de entrega de documentos, de manejo de información, de accesibilidad, porque tenemos muchos casos que no están responsivos. Entonces, el programa tiene que ir directamente a cada una de esas casas, ayudar al participante a poder solicitar”, abundó.

“Ahora mismo dentro de esos 500 tenemos los casos quizás un poco más complicados que estamos atendiendo. Uno de los elementos que yo creo que es importante señalar es que dentro de los casos que son prácticamente inalcanzables para el Departamento porque las familias no cumplen, la residencia no cumple con los requisitos”, indicó el secretario, al asegurar que en estas situaciones entran a colaborar las organizaciones sin fines de lucro.

“O sea, el gobierno no lo puede hacer todo, y en estos casos, cuando está el sector privado, el non-profit, el tercer sector, como aliados nosotros avanzamos muchísimo más y ahí podemos resolver el problema de nuestra gente, que a la hora de la verdad es el norte”.

Se le cuestionó cuál era la fecha límite para que los propietarios de estas residencias puedan resolver el problema del toldo. Martínez Román indicó que “cada caso se mira de manera particular”, pero que se tiene “que atener a la fecha límite de nuestros fondos”.

Aunque el programa R3 (Reparación, Reconstrucción o Reubicación), ya culminó, y esperan por la entrega de 256 unidades actualmente en construcción, y 176 en diseño, los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), y de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Mitigación (CDBG-MIT), se encuentran vigentes hasta el 2029 y 2033, respectivamente.

En el caso de los fondos CDBG-DR, el gobierno federal otorgó $12,150 millones, de los que el secretario aseguró que, “tenemos el 75 por ciento de los fondos obligados”.

“La cuestión donde estamos un poquito más atrás es la cuestión del desembolso, pero no podemos perder la perspectiva que según van corriendo las etapas de construcción de cada uno de los proyectos, nosotros reembolsamos esa cantidad”, detalló.

Por su parte, sobre los CDBG-MIT, este indicó que “en cuestión de obligación también estamos en una cifra parecida al primero, sobre el 70-75 por ciento obligado”.

“Aquí lo que tenemos claro, que es una ventaja dentro de las circunstancias, es que tenemos un poquito más de tiempo porque es hasta el 2033. Pero yo no me confío en eso porque el tiempo pasa rápido y ya mismo estamos en el 2029, y el 2033 está a la vuelta de la esquina”, comentó.

Abierta auditoría sobre Programa de Energía y Agua Comunitaria

En abril pasado la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda Federal concluyó que el programa de Energía y Agua Comunitaria (CEWRI) del Departamento de la Vivienda local —para instalar placas solares y cisternas de agua— tuvo fallas significativas de hasta un 57 por ciento.

Sobre esta situación, Martínez Román afirmó que el caso se mantiene activo, y aunque se señalan unos $19 millones en instalaciones que no cumplen con los requisitos establecidos, este aseguró que de probarse alguna negligencia, le tocaría a las empresas privadas encargadas del trabajo devolver el dinero.

“La realidad es que no sería el departamento que tendría que devolver, sería directamente las compañías que hicieron la instalación, si se hizo una instalación errada, que no fue correcta bajo cada uno de esos parámetros. El departamento se ha comunicado con cada una de esas compañías, y están en ese proceso de levantar esa data, para poderle contestar al gobierno federal formalmente”, respondió.