¿Qué son los destaques y cómo funcionan en el gobierno? 

Mucho se ha hablado sobre los destaques de empleados públicos, luego de que el senador novoprogresista Juan Oscar Morales denunciara públicamente que la administración de la gobernadora Jenniffer González ordenó no renovar los destaques de dos empleados asignados a su oficina legislativa.

Ante ese escenario, el analista político Jorge Colberg Toro explicó que los destaques operaran como asignaciones temporales de empleados públicos entre agencias, municipios y ramas constitucionales, conforme a criterios definidos y bajo un marco legal específico. Según detalló, se trata de procedimientos administrativos ordinarios utilizados para atender necesidades concretas de servicio.

“Los destaques son procedimientos administrativos ordinarios del Gobierno de Puerto Rico en donde funcionarios o empleados se pueden mover en diferentes agencias o entre las ramas constitucionales, a base de criterios como el ‘expertise’ del empleado o la necesidad de servicio de la agencia o de la entidad”, expresó Colberg.

Esa descripción coincidió con lo dispuesto en la Sección 6.4 de la Ley 8-2017, según enmendada, que define el destaque como una asignación temporal que permitió brindar servicios mutuos entre jurisdicciones, sin que el empleado perdiera su puesto ni sus derechos en la agencia de origen. La normativa establece, además, que este mecanismo busca maximizar el uso de los recursos humanos conforme al principio de mérito y con criterios de costo efectividad.

Datos oficiales indicaron que existen sobre 600 empleados en destaque provenientes de casi todas las agencias del gobierno, asignados a otras dependencias, a la Rama Legislativa y a municipios. En el Senado, el número rondó los 100 empleados, frente a 20 registrados en 2020. El costo incluyó salario, horas extras y beneficios, y en algunos casos se otorgaron diferenciales que se cubrieron mediante acuerdos de entendimiento entre el Senado y las agencias de origen.

Un estimado conservador del costo anual de los destaques en el Senado superó los $5 millones.

Colberg explicó que estos traslados se realizan con frecuencia entre la rama ejecutiva y la legislativa, así como dentro del sistema electoral, aunque están sujetos a restricciones claras. Señaló que no pueden destacarse empleados que ejercen política pública, aquellos financiados con fondos federales ni ciertos funcionarios debido a la naturaleza de su plaza.

“No se puede destacar a empleados que por la naturaleza de su función ejercen política pública, ni a empleados financiados con fondos federales”, afirmó.

Añadió que cada destaque requiera una justificación concreta y una función específica. Según esa información, la entidad con necesidad de personal presenta una solicitud formal a la agencia de origen del empleado o al secretario de la Gobernación, la cual se evalúa antes de autorizar o denegar el traslado.

“Tú no puedes pedir un destaque por pedirlo sin decir cuál es la necesidad y qué desempeño va a estar haciendo esa persona”, sostuvo Colberg.

En términos operacionales, el analista explicó que el salario del empleado destacado, en la mayoría de los casos, continúa a cargo de la agencia donde ocupa su plaza, aunque existen excepciones reguladas por ley. La Ley 8-2017 permite, bajo circunstancias específicas y con autorización del gobernador o su representante, que no se requiriera restitución del salario entre ramas de gobierno cuando las asignaciones provinieron del Fondo General.

Colberg advirtió que el uso excesivo de destaques impacta la capacidad operativa de algunas agencias, por lo que los jefes deben evaluar cuidadosamente cuántos empleados podían trasladar sin afectar los servicios.

“Los jefes de agencia tienen que ser cuidadosos de no destacar a tanta gente que se afecten los servicios de su propia agencia”, expresó.