Phoenix Fund se acoge a Capítulo 11 tras demanda de $99.5 millones de la CFSE 

The Phoenix Fund LLC se acogió ayer, 23 de febrero de 2026, a la protección del Capítulo 11 del Código de Quiebras federal en el Distrito de Puerto Rico, según surge del registro público del caso identificado como el número 26-00712.

La empresa, con dirección en Guaynabo, se identificó en la petición como una compañía de inversión y asesoría.

De acuerdo con el resumen de activos y pasivos incluido en el expediente inicial, los peticionarios tienen:

• Activos totales reportados: $565,903,423
• Pasivos totales reportados: $400,867,404.60
• Deuda asegurada: $139,505,001
• Reclamaciones no garantizadas no prioritarias: $261,353,983.60

El expediente estima entre 1 y 49 acreedores.

La CFSE, mayor acreedor no garantizado

En la lista de los 20 mayores acreedores no garantizados presentada junto a la petición, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) figura en la primera posición con una reclamación de $99,500,000 por concepto de préstamos y garantías.

La clasificación de esa acreencia como no garantizada coincide con la demanda radicada por la corporación pública en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, donde reclama el incumplimiento de dos préstamos otorgados en 2019 y 2021 por $40 millones cada uno, más intereses acumulados.

La radicación ocurre días después de que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) presentara una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón reclamando no menos de $99.5 millones por concepto de dos préstamos otorgados en 2019 y 2021 que suman $80 millones en principal más intereses acumulados.

Con la presentación bajo Capítulo 11, el proceso queda bajo la jurisdicción del tribunal federal de quiebras. Como regla general en este tipo de procedimientos, entra en vigor una suspensión automática de acciones de cobro individuales, lo que implica que las reclamaciones pendientes deben canalizarse dentro del proceso de reorganización.

Orden de liquidación estatal

La radicación federal se produce luego de que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) emitiera el 18 de febrero una orden de liquidación contra el fondo.

Según publicó El Nuevo Día, el regulador concluyó en su determinación preliminar que la entidad carece de solvencia y enfrenta deudas sustanciales tanto a nivel de la matriz como de subsidiarias vinculadas. La orden también describió un cuadro financiero que, a juicio del regulador, evidenciaba incapacidad para sostener operaciones y cumplir con obligaciones regulatorias.

De acuerdo con ese reporte, la OCIF designó un síndico permanente para el proceso de liquidación estatal, tras un examen especial que no pudo completarse en su totalidad.

Reclamaciones y litigios

Además del reclamo de la CFSE, el expediente de quiebra incluye múltiples acreedores, entre ellos fondos de inversión, entidades financieras y reclamaciones derivadas de litigios y servicios profesionales.

La documentación del caso también señala la existencia de deuda asegurada por una cantidad significativa, mientras que otras reclamaciones aparecen clasificadas como no garantizadas. El detalle final de activos, pasivos y clasificación de acreencias será objeto de validación dentro del proceso judicial.

En el ámbito estatal, la CFSE sostiene que los préstamos otorgados devengaban intereses al 7% anual y que el incumplimiento comenzó en 2023. La corporación pública reclama principal, intereses acumulados, costas y honorarios legales.

En la demanda presentada en Bayamón no se detallan garantías reales específicas —como hipotecas o gravámenes sobre activos concretos— asociadas a los préstamos, más allá de los pagarés y cláusulas contractuales descritas.

El Capítulo 11 permite a una entidad continuar operando mientras propone un plan de reorganización que debe ser aprobado por el tribunal y por sus acreedores. El grado de recuperación para cada acreedor dependerá de la clasificación de su reclamación, la valoración final de activos y el plan que eventualmente se confirme.

En este escenario, la reclamación de $99.5 millones presentada por la CFSE —que representa la mayor cuantía individual listada en el expediente inicial— pasa ahora a dirimirse dentro del proceso federal de quiebras.

El caso integra tres frentes simultáneos: la demanda estatal por préstamos vencidos, la orden de liquidación emitida por el regulador financiero y la reorganización bajo Capítulo 11.