PFEI archiva caso contra exdirectora de PRITS por contrato con la Oficina del Comisionado de Seguros 

La DIPAC requirió, mediante citación, información sobre cualquier intervención directa o indirecta de Martínez Ortiz, durante su incumbencia en PRITS, en proyectos, contratos, evaluaciones, iniciativas o determinaciones relacionadas con la Oficina del Comisionado de Seguros.

Según el informe de investigación preliminar, la información recopilada no evidenció una infracción al Artículo 4.6 de la Ley de Ética Gubernamental ni a otras disposiciones legales examinadas.

Uno de los elementos determinantes fue que la Ley 40-2024, que incorporó nuevas competencias a PRITS, se aprobó después de que Martínez Ortiz cesara en sus funciones.

El contrato investigado comprendía servicios de asesoría para desarrollar un reglamento sobre ciberseguridad de datos de seguros, recomendaciones para adoptar y revisar protocolos, así como la gerencia del proyecto.

Justicia concluyó que esos servicios correspondían a competencias incorporadas a PRITS mediante la legislación de 2024, por lo que Martínez Ortiz no pudo haber ejercido esas funciones durante su incumbencia al amparo de una ley que todavía no había sido aprobada.

Ante esos hallazgos, la DIPAC recomendó no designar un fiscal especial independiente, al entender que no existía causa suficiente para creer que la exfuncionaria hubiera cometido un delito relacionado con los hechos investigados.

El Panel validó esa conclusión mediante resolución y dispuso el archivo del asunto.