Organización alerta sobre retrocesos en derechos civiles y democráticos 

“Lo que denunciamos no son hechos aislados, son señales de alerta de un deterioro democrático. El espacio cívico es el lugar donde la gente puede expresarse, organizarse, protestar, defender derechos, denunciar abusos y pedir cuentas sin miedo a represalias. Cuando ese espacio se cierra, la democracia se debilita y la ciudadanía pierde herramientas para defenderse. Cuando un gobierno legisla para esconder información, encarecer el acceso a la justicia y vigilar a quienes protestan, lo que está en juego es el derecho de todo un pueblo a participar y a fiscalizar”, explicó Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de la entidad.

Uno de los señalamientos principales que presenta la organización es la aprobación de la Ley 156-2025, que impone nuevas trabas al acceso a la información pública, extiende los plazos de respuesta de las agencias y permite clasificar información como confidencial sin suficiente supervisión externa.

“Esta legislación representa un retroceso grave para la transparencia gubernamental y afecta directamente el derecho de la prensa y de la ciudadanía a conocer cómo se toman las decisiones públicas. Cuando se condiciona la entrada de periodistas a credenciales controladas por el Estado y cuando se normalizan los ataques a la prensa, lo que se debilita no es solo a los medios, se debilita el derecho del pueblo a saber”, añadió Gallardo Martín.

La organización también alertó sobre lo que describió como una “fabricación de enemigos” mediante legislación discriminatoria. Entre los ejemplos mencionó la Ley de Libertad Religiosa, que, según ellos, puede abrir la puerta a la negación de servicios por creencias; la Ley 63-2025, que prohíbe servicios de afirmación de género; y la Ley 26-2026, que restringe el acceso a baños inclusivos.

Para Amnistía Internacional, estas medidas “profundizan el discrimen contra personas LGBTIQ+ y validan narrativas falsas que presentan a comunidades vulnerables como amenazas”.

Por su parte, Maritza Maymí Hernández, investigadora de la sección de Amnistía Internacional en Puerto Rico, también denunció que el gobierno ha utilizado la legislación para limitar la oposición comunitaria y ambiental con la Ley 82-2026 que impone una fianza obligatoria equivalente al 10% del valor de un proyecto de construcción a quienes busquen impugnar permisos.

“Esta medida convierte el acceso a la justicia ambiental en un privilegio reservado para quienes tienen grandes recursos económicos, dejando a comunidades enteras sin herramientas reales para defender su salud, sus recursos naturales y su calidad de vida”, precisó.

De igual forma, el ente expresó preocupación por la Ley 64-2025, que otorga al secretario de Hacienda poder discrecional para conceder o denegar exenciones contributivas a organizaciones sin fines de lucro según entienda si sirven a los mejores intereses de Puerto Rico.

La directora ejecutiva advirtió que esa discreción “puede convertirse en una herramienta de presión política contra entidades comunitarias, ambientales, periodísticas o de derechos humanos que fiscalicen al gobierno”.

“La democracia no se mide solo en elecciones. También se mide en la capacidad de una comunidad para impugnar un permiso, de una organización para fiscalizar sin miedo y de una persona para exigir información pública sin que el Estado le cierre la puerta”, sostuvo.

La denuncia incluye, además, el uso de vigilancia tecnológica contra manifestantes.

La portavoz denunció la instalación de cámaras con capacidad de reconocimiento facial, audio y visión nocturna en Rincón, en el contexto de protestas ambientales en la Reserva Marina Tres Palmas. Según la organización, el uso de vigilancia 24/7 contra activistas, bajo la justificación de proteger maquinaria pesada, envía un mensaje intimidante a quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica.

Asimismo, Gallardo Martín expresó preocupación por la colaboración de la policía estatal y municipal con agencias federales de inmigración, incluyendo ICE, en intervenciones contra personas migrantes, particularmente de comunidades dominicanas y haitianas.

Según la denuncia, estas prácticas han estado marcadas por perfilamiento racial, detenciones sin órdenes judiciales y un ambiente de miedo que desalienta la denuncia de delitos, incluyendo casos de violencia doméstica.

“El miedo a la deportación no puede convertirse en una herramienta de control social. Cuando una persona teme llamar a la policía porque puede terminar detenida, deportada o separada de su familia, el Estado está fallando en su obligación de proteger derechos humanos básicos”, expresó la organización.