Oficina del Contralor realiza otra intervención en la alcaldía de Cataño 

Personal de la Oficina del Contralor intervino este jueves nuevamente en la alcaldía del municipio de Cataño, en una búsqueda con el propósito de extraer información de las computadoras del área de la Oficina de Finanzas, Ayuda del Ciudadano y oficina del alcalde, Julio Alicea Vasallo.

Como parte de la investigación, durante la mañana de hoy, jueves 12 de diciembre, auditores de la Oficina de la Contraloría llegaron hasta la alcaldía para requerir documentos e información adicional tras el supuesto uso de funcionarios públicos y vehículos municipales para fines político partidistas.

Alicea Vasallo indicó que los funcionarios están revisando los documentos “al momento” en la alcaldía y supone que la investigación se trata de la querella por alegado fraude electoral. El pasado 14 de noviembre, personal de la oficina había llegado hasta el lugar por una querella radicada por el ex candidato del Partido Popular Democrático (PPD), para ese municipio, Norberto Torres, quien denunció antes de las elecciones del 5 noviembre, irregularidades con relación al manejo de los votos adelantados con los adultos mayores.

“Eso es una falsedad, aquí en mi campaña política no se ofreció ni un solo centavo. Aquí yo gané por el voto del pueblo, aquí yo gané por la honestidad, por la integridad”, aseguró Alicea Vasallo en entrevista con Telemundo.

Según alegó Torres en ese momento, los funcionarios les ofrecían hasta 300 dólares para que estos votaran por el actual alcalde, Julio Alicea Vasallo. De hecho, algunos de ellos habrían trabajado incluso estando de vacaciones.

Por su parte, Alicea Vasallo indicó que cooperarán con la investigación, y aseguró que no tiene empleados fantasmas en su nómina y que es algo “obligado”. Este negó que trabajadores hubieran cobrado mientras hacían trabajos relacionados a su campaña política.

“Aquí no hay empleados fantasmas, la investigación no va dirigida a ese asunto”, dijo el alcalde. “Yo estoy infiriendo de que todo esto es una querella sin fundamentos que el Contralor está obligado a investigar”, añadió.

La Oficina del Contralor, perteneciente al gobierno de Puerto Rico, se encarga de fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con independencia y objetividad, para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley. Además, promueve el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio del país.