NFE presenta documentos de Guardia Costera de que AMUR RIVER está en cumplimiento pero no contienen autorización expresa de entrada 

En su presentación al tribunal del 27 de septiembre, NFE incluyó el certificado de cumplimiento emitido por el oficial a cargo de inspecciones marítimas del Sector San Juan, el cual certifica que el buque “ha sido examinado y encontrado en cumplimiento con todos los estándares aplicables de seguridad marítima y protección ambiental”. También anexó el informe de Port State Control, que indica que durante la inspección del 20 de septiembre en San Juan no se encontró ninguna deficiencia.

Estos documentos confirman que el AMUR RIVER cumple con los requisitos técnicos y de seguridad para operar como tanquero de gas en puertos de Estados Unidos. Sin embargo, los documentos no constituyen una autorización expresa de entrada al puerto.

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En una orden previa, la jueza Silvia Carreño‑Coll recordó que NFE afirmó que “la Guardia Costera de Estados Unidos ha autorizado” la entrada del AMUR RIVER, pero que no presentó evidencia alguna que sustentara esa afirmación. La jueza añadió que no está claro si NFE llegó a enviar la solicitud de confirmación que su propio abogado dijo que haría a la Guardia Costera, o si la agencia respondió. Por ello, ordenó a la empresa que presentara dicha autorización.

En la más reciente moción, no obstante, NFE argumenta que la certificación federal demuestra que el buque no enfrenta impedimentos regulatorios y que la Guardia Costera “no ha prohibido” su entrada. También solicitó que los pilotos de la Bahía de San Juan informen si recibieron comunicaciones de la Guardia Costera sobre la certificación o “clearance” del AMUR RIVER, señalando que tales avisos suelen circular entre los actores que coordinan maniobras portuarias.

La empresa advirtió que la prolongación de las medidas cautelares afecta el suministro de gas natural licuado para la Central San Juan y, por ende, la estabilidad del sistema eléctrico. Además, planteó que la intervención judicial sobre un buque ya certificado por la Guardia Costera abre interrogantes sobre la autoridad delegada por el Congreso a la agencia federal en materia de seguridad marítima y navegación.

NFE pidió al tribunal que considere el expediente regulatorio federal completo al evaluar si las restricciones deben continuar mientras se litiga la disputa con los pilotos.