Negrón lleva al Senado sus acusaciones contra Domenech: 70 páginas bajo juramento

La declaración principal apunta a lo que Negrón describe como una intervención del secretario de la Gobernación y de La Fortaleza en una evaluación del DDEC sobre presuntas irregularidades en el proceso competitivo RFP-DDEC-OGPe-2026-06, relacionado con servicios de medios subvencionados con fondos federales de FEMA.

Según Negrón, el entonces secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, Norberto Almodóvar Vélez, y su jefa de personal, Charlene Neuman, habrían presionado a empleadas del DDEC para favorecer a JJ Investment Group. El exfuncionario sostiene que dos empleadas, Lissette Rodríguez Tomassini y Marisabel Rodríguez, le alertaron que esa propuesta era presentada internamente como la favorecida por “Fortaleza” o por la gobernadora.

Negrón indica que Rodríguez Tomassini le informó que Almodóvar le expresó en varias ocasiones que JJ Investment Group era la propuesta apoyada por La Fortaleza. También afirma que Neuman le habría indicado a Marisabel Rodríguez que debía votar por esa propuesta.

El documento añade que, durante el proceso, Almodóvar presuntamente compartió un artículo negativo del Centro de Periodismo Investigativo sobre Digimedia, competidor de JJ Investment Group. Además, Negrón sostiene que Rodríguez Tomassini le relató que Almodóvar la llamó gritando, le reclamó que no se habían seguido instrucciones y le dijo que él se haría cargo de la adjudicación del contrato.

Tras recibir esos señalamientos, Negrón asegura que intentó llevar el asunto directamente a la gobernadora Jenniffer González. Según su declaración, la mandataria negó haber pedido favorecer a cualquier compañía y preguntó si ya se había adjudicado el contrato. Negrón le habría respondido que no, debido a que las empleadas habían “levantado bandera” sobre las presuntas presiones.

El exsecretario sostiene que, a partir de ahí, se produjo una cadena de reuniones, comunicaciones y decisiones que interpreta como intentos de frenar o descarrilar la investigación interna. En particular, acusa a Domenech de haberse opuesto durante semanas a la remoción de Almodóvar y Neuman, pese a que, según el documento, ya existían testimonios internos sobre las presuntas irregularidades.

Uno de los episodios más fuertes: el 2 de abril de 2026

El exfuncionario afirma que le informó a Domenech que estaba listo para proceder con destituciones, pero que el secretario de la Gobernación le respondió que no se iba a destituir a nadie en ese momento.

Según Negrón, Domenech también le instruyó que “manejara” a las empleadas denunciantes y se asegurara de que no hablaran públicamente.

La declaración también menciona una opinión legal del Departamento de Justicia que, según Negrón, cuestionaba la autoridad del DDEC sobre la OGPe justo cuando avanzaba la evaluación interna. El exsecretario sostiene que Domenech admitió haber autorizado esa opinión y que luego reconoció que fue un error, utilizando la expresión “mala mía”.

Negrón también acusa a Domenech de utilizar criterios político-partidistas en decisiones de personal.

Según el documento, el secretario de la Gobernación le habría indicado que no toleraría personas que no fueran del Partido Nuevo Progresista en puestos de confianza y que veía medidas disciplinarias contra empleados vinculados a la campaña de la gobernadora como “represalias”.

La declaración jurada también apunta a la supuesta paralización de suspensiones sumarias. Negrón afirma que, luego de firmar cartas de suspensión contra Almodóvar y Neuman, el trámite fue detenido por instrucciones atribuidas a Domenech, pese a que las medidas surgían de una evaluación interna del DDEC.

Politank y Opus Miramar

Negrón sostiene que el 18 de mayo de 2026, el mismo día en que anunció referidos al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor, Domenech llegó al DDEC para atender con urgencia tres solicitudes de decretos contributivos: las de Federico Cardona Firpi, Gabriel López Sánchez y Opus Miramar.

Según Negrón, una llamada que recibió ese día del secretario de la Gobernación apareció registrada en su celular bajo el nombre de “Politank”, aunque luego verificó que se trataba del número de Domenech. El exsecretario asegura que ese dato le levantó sospechas, especialmente porque uno de los decretos discutidos era el de Opus Miramar, proyecto que, según los documentos, estaba siendo gestionado por Politank.

La declaración jurada de Ernesto J. Zayas García

La declaración jurada de Ernesto J. Zayas García, entonces director de la Oficina de Incentivos para Negocios, refuerza el ángulo de Negrón Reichard.

Zayas afirma que Politank solicitó reuniones desde mayo de 2025 para discutir créditos contributivos relacionados con el área turística del Centro de Convenciones, con la participación de Kenneth McClintock Hernández, Manuel Torres Nieves y representantes de Centuria.

Zayas detalla que Opus Miramar presentó una solicitud de decreto bajo la Ley 60 para un proyecto de uso mixto en los lotes E1 y E2 del Distrito de Convenciones. Según su declaración, el proyecto contemplaba inicialmente una inversión de $300 millones y un crédito contributivo de $120 millones, equivalente al 40%.

Sin embargo, Zayas sostiene que el proyecto enfrentaba problemas de cumplimiento porque no podía comprometerse con la proporción de actividad turística requerida. Luego, según el documento, el modelo fue enmendado para separar una torre de hotel y otra residencial, eliminando el componente de condo-hotel.

Zayas afirma que, en una reunión del 18 de mayo de 2026, Domenech lo interrumpió para comenzar la discusión con Opus Miramar. Según su relato, el secretario de la Gobernación argumentó que Zayas ya había endosado el proyecto mediante una certificación de estatus, algo que el entonces director de Incentivos negó. Zayas sostuvo que esa certificación era un documento ordinario que solo reconocía que existía una solicitud presentada, no una aprobación ni una recomendación.

En su declaración, Zayas sostiene que Domenech “litigó” a favor de Opus Miramar, defendió los méritos del proyecto y presionó para mover el caso con rapidez. También afirma que el secretario de la Gobernación mencionó que su esposa, Verónica Ferraiuoli, directora del Distrito de Convenciones, había participado en una ceremonia de primera piedra del proyecto bajo la premisa de que el decreto ya estaba aprobado.

Zayas también revela una auditoría al decreto de exención contributiva de Politank. Según el documento, al iniciar la revisión, el expediente físico de Politank había desaparecido de la Oficina de Incentivos, aunque se encontró un duplicado en otro piso.

De esa auditoría, Zayas afirma que surgió que Domenech figuraba como único accionista de Politank desde 2017 hasta el 2 de junio de 2026; que no se encontraron informes anuales para varios años contributivos; y que no se había solicitado autorización para transferir el negocio exento antes de la alegada venta o transferencia de acciones.

Los señalamientos contenidos en las declaraciones juradas elevan la controversia al poner bajo juramento un cuadro más amplio de acusaciones contra Domenech, La Fortaleza, Politank y gestiones internas del DDEC.