Negociado rechaza rotundamente movida del Gobierno en pleito por la luz 

El Negociado de Energía de Puerto Rico rechazó de forma categórica una moción presentada por el Gobierno —a través de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3) y la Oficina del Zar de Energía— al concluir que se trató de una intervención improcedente en medio del proceso de revisión tarifaria de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según la orden emitida el 13 de abril de 2026 por el examinador Scott Hempling, el documento fue presentado fuera de tiempo, once semanas después de vencido el término para los escritos iniciales y a solo días de que se emita una determinación final. El Negociado subrayó que, en cualquier proceso adjudicativo, el Gobierno está sujeto a las mismas reglas que el resto de las partes, por lo que debió intervenir formalmente si pretendía influir en el caso.

“El Gobierno esperó para actuar en un momento en que nadie podía responder”, establece la orden, al cuestionar el momento en que se radicó la moción.

El examinador también arremetió contra el contenido del escrito, al sostener que dista de ser informativo y que sus planteamientos “carecen de hechos en el expediente”, además de estar “plagados de adjetivos vacíos”. En esa línea, concluyó que la acción representó “un intento evidente de interferir con las decisiones de una agencia administrativa independiente”.

La resolución incluso eleva el tono al calificar la movida como “política por emboscada” y como “una vergüenza” para el Gobierno, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Oficina del Zar de Energía.

“En una democracia, incluso un zar debe seguir las reglas”, concluye la orden, al dejar sin efecto la moción en su totalidad.

Lea también: Gobierno plantea no hay razón para aumentar la tarifa de la luz

Previo a este rechazo, el Gobierno había fijado su postura en el caso tarifario al sostener que no existe justificación para aumentar la tarifa eléctrica. En un documento sometido ante el propio Negociado, argumentó que el sistema no enfrenta un problema de ingresos, sino de ineficiencias operacionales, fallas en el manejo de fondos federales y desviaciones presupuestarias, particularmente bajo la operación de LUMA Energy.

“El récord no respalda un aumento en tarifas”, planteó el Gobierno, al advertir que aprobar un alza implicaría trasladar a los consumidores el costo de problemas administrativos. Además, cuestionó directamente a LUMA por, según alegó, no presentar evidencia suficiente, transparente y verificable para sustentar sus costos, lo que —a su juicio— limita la evaluación regulatoria.

El planteamiento también incluyó señalamientos sobre el manejo de fondos federales, como la devolución de más de $100 millones por falta de documentación adecuada, así como bajos niveles de reembolso en gastos asociados a emergencias como el huracán Fiona.

De igual forma, el Gobierno sostuvo que el aumento en costos no ha venido acompañado de mejoras en el servicio, al señalar un deterioro en los indicadores de confiabilidad, con más interrupciones y apagones más prolongados. Bajo ese escenario, insistió en que un aumento tarifario sería injustificado.

Como alternativa, propuso redistribuir recursos existentes, mantener el cargo provisional para pensiones, reducir gastos operacionales de LUMA y Genera, y maximizar el uso de fondos federales antes de considerar cualquier aumento en la tarifa base.

La determinación del Negociado ocurre en la recta final de un proceso clave que definirá el costo de la electricidad en Puerto Rico, en medio de alta presión pública y política sobre el sistema energético del país.