Más de 1,800 procesos disciplinarios activos en el Departamento de Educación 

El Departamento de Educación (DE) mantiene 1,853 querellas activas contra personal del sistema público, según datos oficiales.

Estas querellas están siendo atendidas mediante procesos administrativos en distintas etapas, según surge de los datos provistos a Metro Puerto Rico mediante una solicitud de información pública.

Del total de querellas activas, 1,436 corresponden a personal docente y 312 a personal no docente. Por región educativa, San Juan (348) y Humacao (336) concentran la mayor cantidad de casos, seguidas por Mayagüez (239) y Bayamón (237). También se reportaron querellas en Caguas (219), Ponce (231), Arecibo (204) y la Oficina Central (39).

En cuanto a la etapa procesal, 981 querellas se encuentran en fase de investigación, 841 en la División Legal o en vistas administrativas, y 31 figuran como radicadas, conforme al desglose oficial. El DE explicó que los procesos disciplinarios pueden extenderse a través de años, ya que la adjudicación estadística de un caso se asigna al año en que comenzó, independientemente de cuándo culmine.

“El Departamento trabaja simultáneamente con procesos disciplinarios de distintos años. La estadística de culminación de un proceso se adjudica al año en que se comenzó el caso administrativo”, indicó la agencia en la documentación entregada.

Evolución reciente de las querellas

Datos de los pasados tres años reflejan variaciones en el volumen de casos. En 2023, se reportaron 520 querellas, mientras que, en 2024, la cifra ascendió a 657. Para 2025, el total informado fue de 534 querellas, aunque varias categorías correspondientes a ese año permanecían pendientes de clasificación al momento de la entrega de la información.

El Departamento indicó que estos datos corresponden al trámite interno de su Sistema de Manejo de Casos y que no incluyen procedimientos ventilados ante foros judiciales ni administrativos, incluyendo la Comisión Apelativa del Servicio Público y la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación. En la clasificación de hostigamiento sexual, el DE indicó que la categoría se utiliza para alegaciones entre adultos dentro del entorno laboral.

Medidas cautelares vigentes

Al momento del corte de los datos, 117 empleados del DE se encontraban bajo medida cautelar, una figura administrativa utilizada mientras se investigan determinadas alegaciones administrativas. De ese total, 94 corresponden a personal docente y 23 a personal no docente.

Por región, Humacao registra 26 empleados bajo medida cautelar, seguido de San Juan (18), Bayamón (17), Caguas (17), Mayagüez (16), Ponce (16) y Arecibo (7). La agencia precisó que el número de medidas cautelares varía diariamente.

Según la clasificación oficial, las medidas cautelares se relacionan principalmente con conducta impropia o inmoral (60 casos), maltrato institucional (33) y negligencia (12). También se registraron cinco casos de hostigamiento sexual, cinco de insubordinación y dos vinculados a relaciones laborales.

Durante una entrevista, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, explicó que la medida cautelar responde a un análisis de riesgo y no constituye una sanción disciplinaria.

“La medida cautelar es una medida preventiva. No es punitiva. Se utiliza cuando entendemos que puede haber un riesgo para la seguridad, la salud o la integridad de una persona o de la propiedad pública”, expresó.

Capacidad investigativa del sistema

Las querellas son atendidas por la Unidad de Investigaciones Administrativas del Departamento, que actualmente cuenta con nueve investigadores distribuidos en varias regiones educativas.

El director de la Secretaría de Asuntos Legales y Política Pública, Kevin Cotto, explicó que los investigadores reciben declaraciones juradas, realizan entrevistas, visitan escuelas y redactan informes investigativos.

“Nosotros contamos, al presente, con nueve investigadores. Son empleados de carrera que atienden público, toman declaraciones juradas, realizan entrevistas en las escuelas y rinden informes de investigación”, detalló.

De acuerdo con la descripción oficial del puesto, la plaza de investigador requiere bachillerato, o en su lugar, grado asociado combinado con experiencia investigativa, incluyendo haber pertenecido a un cuerpo militar o policial del gobierno federal o estatal. El salario de estos empleados fluctúa entre $1,700 y $2,500 mensuales.

Cotto indicó que el reclutamiento para estas posiciones ha representado un reto.

“Hemos tenido dificultad en el reclutamiento, tanto por el salario como por la carga de trabajo que conlleva la posición”, señaló.

Resultados disciplinarios

El Departamento reconoció que no cuenta con métricas uniformes para medir el tiempo que toma completar un proceso disciplinario desde la radicación de la querella hasta su adjudicación final.

“Realmente va a depender del caso. Hay investigaciones que son más extensas, que requieren más entrevistas. No es lo mismo un caso donde hay dos personas involucradas que uno donde hay múltiples testigos o estudiantes. Tampoco es lo mismo hacer un informe de siete páginas que uno de veinticinco”, explicó Cotto.

El funcionario detalló que, una vez culmina la investigación, el caso pasa a la División Legal para evaluar si existe una posible infracción al reglamento. De entenderse que la hay, se emite una carta de intención de acción disciplinaria y se activa el debido proceso del empleado, que puede incluir vistas administrativas ante oficiales examinadores externos.

“Luego de la determinación administrativa, los empleados tienen derecho a apelar ante los foros correspondientes. Esos procesos ya no forman parte del trámite interno del Departamento, pero extienden la vida del caso”, precisó.

Durante 2025, se produjeron 19 destituciones como resultado de procesos disciplinarios vinculados a estas investigaciones, según información provista posteriormente por el DE.

Ramos Parés señaló que la agencia trabaja en iniciativas para fortalecer el componente investigativo y reducir los tiempos de procesamiento.

“Mientras menos tiempo una persona permanezca bajo una medida cautelar, mejor para el sistema, para la escuela y para el propio empleado. Ese es uno de los retos que estamos atendiendo”, expresó.