Maite Oronoz reconoce rezagos en casos de salud mental y pide respuesta multisectorial 

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez reconoció que el sistema judicial enfrenta limitaciones estructurales para atender los casos de salud mental, particularmente aquellos en los que personas no procesables permanecen en un limbo legal sin recibir tratamiento adecuado.

Aunque calificó como “idóneo” la posibilidad de contar con un sistema que permita conocer en tiempo real cuántas personas están en esta situación, admitió que el problema trasciende la Rama Judicial y requiere una respuesta coordinada entre múltiples agencias.

“Es un problema que necesita un acercamiento desde todos los flancos… no lo va a resolver solo el tribunal ni una sola entidad”, sostuvo en entrevista Punto por Punto.

La jueza presidenta señaló que uno de los principales retos es la falta de recursos, incluyendo profesionales de la salud mental y espacios disponibles para tratamiento.

“Los números de profesionales… son limitados. Los cupos en los hospitales también están limitados”, advirtió.

El planteamiento surgió a la pregunta sobre la falta de un registro centralizado que permita conocer cuántas personas permanecen bajo procesos de no procesabilidad, cuánto tiempo llevan en espera y en qué instituciones se encuentran.

Aunque reconoció que un sistema de esa naturaleza sería ideal, insistió en que la solución requiere voluntad política, asignación de presupuesto y coordinación interagencial.

“Es un problema que no va a desaparecer… todo tiende a indicar que va a haber más necesidad en un futuro”, opinó la jueza presidenta.

Las personas imputadas de delito que no son procesables deberían estar en una “institución adecuada” en donde les brinden tratamiento para estabilizarlos mentalmente y que puedan enfrentar la justicia, según la Regla 240 de Procedimiento Criminal.

La disposición indica que si un tribunal tiene prueba de que un acusado presenta rasgos de estar inhabilitado, se suspenderán los procesos y se celebrará una vista para determinar su estado mental. En esta segunda audiencia, los magistrados designan a uno o varios peritos para que examinen a la persona. Si se determina que no tiene capacidad de entendimiento, se detiene la acusación y es enviado a un hospital psiquiátrico forense. Aproximadamente cada tres meses se repite la evaluación.

Violencia de género: problema persiste

En cuanto al manejo de casos de violencia de género, la jueza presidenta reiteró que, aunque se han implementado mejoras en el sistema judicial, persisten retos estructurales en el país.

“Seguimos teniendo un país donde la violencia machista sigue prevaleciente”, afirmó.

A su juicio, uno de los principales problemas es que la respuesta institucional continúa enfocándose en las víctimas, en lugar de atender las causas estructurales relacionadas con los agresores.

“El problema no va a parar si no atendemos… ese andamiaje que permite que tengamos agresores”, expresó Oronoz Rodríguez.

Tribunal electrónico amplía acceso

Como parte de los esfuerzos de modernización, destacó el impacto del portal de Tribunal Electrónico, que permite a la ciudadanía gestionar casos y trámites de forma remota.

Según datos de la Oficina de Estadísticas de la Rama Judicial, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se registraron 74,174 solicitudes a través de la plataforma, siendo la mayoría relacionadas a boletos de tránsito (58.7%) y órdenes de protección (23.98%).

La jueza presidenta aseguró que la herramienta ha tenido una acogida positiva tanto entre la ciudadanía como entre los jueces, al agilizar procesos y facilitar el acceso al sistema judicial.

Añadió que este proyecto es también un ejemplo concreto de los resultados que permite un modelo de administración centralizado y jerarquizado, en momentos en que el Proyecto del Senado 1096 propone precisamente alterar ese esquema. Según explicó, el desarrollo e implementación del Tribunal Electrónico requirió una visión institucional unificada, continuidad en la toma de decisiones y coordinación ágil entre múltiples niveles de la Rama Judicial, elementos que —a su juicio— podrían verse comprometidos bajo un modelo de coadministración. En ese sentido, advirtió que cambios en la estructura administrativa podrían dificultar la ejecución de proyectos tecnológicos complejos y retrasar iniciativas dirigidas a ampliar el acceso a la justicia.