La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, aseguró que no contempla abandonar su cargo ante la posibilidad de que se apruebe una reforma que transforme el modelo de administración judicial hacia uno de coadministración.
“Lo que te puedo decir es que no tengo ningún plan de retirarme de mi posición ni de claudicar mi presidencia”, sostuvo al ser cuestionada sobre si, de cambiar el esquema vigente, se mantendría en el cargo.
Sus expresiones se producen en medio del debate legislativo sobre el Proyecto del Senado 1096, una medida que propone modificar la estructura administrativa del Poder Judicial, actualmente centralizada en la figura de la jueza presidenta.
Oronoz Rodríguez explicó que el Poder Judicial ha optado por participar del proceso legislativo con el fin de “ilustrar el efecto concreto” que podrían tener algunas de las enmiendas propuestas, sin asumir una postura confrontativa en esta etapa.
Como parte de ese proceso, confirmó que ha sostenido reuniones con el presidente del Senado, el liderato de la Cámara de Representantes y la gobernadora, en un intento por abrir canales de diálogo institucional sobre la medida.
La jueza presidenta defendió el modelo actual de administración centralizada del Poder Judicial, al argumentar que ha demostrado ser efectivo para responder con agilidad a situaciones de crisis y a las necesidades operacionales del sistema.
Como ejemplo, mencionó la capacidad de respuesta del sistema judicial tras eventos como los huracanes Irma y María, los terremotos en el sur y la pandemia del COVID-19, periodos en los que los tribunales lograron mantener servicios esenciales con rapidez.
A su juicio, el modelo propuesto de coadministración podría provocar el efecto contrario.
“Cuando tú diluyes la línea de mando y cuando tú diluyes la toma de decisiones, diluyes también la responsabilidad… haces un proceso mucho más ineficiente, mucho más lento”, advirtió.
Asimismo, planteó que una reforma de esta magnitud debería estar sustentada en una necesidad institucional claramente demostrada, apoyada en métricas y evidencia concreta.
“El Poder Judicial funciona y funciona bien… hay espacio para revisar procesos, pero una reforma tan amplia debe responder a qué se quiere mejorar y si eso se puede atender de otra manera”, sostuvo.
Sobre otro de los cambios propuestos, la eliminación de la figura del juez municipal, la jueza presidenta advirtió que estos funcionarios cumplen un rol esencial como primera línea de atención en el sistema judicial.
Indicó que atienden situaciones urgentes fuera del horario regular, incluyendo órdenes de protección, procesos criminales y emergencias de salud mental, por lo que su eliminación requeriría una reconfiguración completa del sistema para garantizar que esos servicios continúen.
“La necesidad no va a mermar porque se elimine la categoría de juez municipal. Alguien tiene que dar ese servicio”, puntualizó.
Transmisiones, seguridad y escoltas
En otros temas, la jueza presidenta abordó el debate sobre las transmisiones de procesos judiciales, al señalar que el sistema busca balancear la transparencia con la protección de los derechos de las partes involucradas.
Reconoció que el ecosistema digital actual —donde los contenidos pueden ser recortados y viralizados— presenta retos adicionales para la Rama Judicial, particularmente en cuanto al control del uso de los vídeos.
A esto se suma un aumento en las amenazas contra jueces, un fenómeno que describió como global y que también afecta a Puerto Rico.
“La vulnerabilidad de las personas que ocupamos estos puestos es real”, indicó, al señalar que se han registrado casos de violencia contra jueces en distintas jurisdicciones.
En ese contexto, explicó que el sistema judicial cuenta con mecanismos de seguridad a través del cuerpo de alguaciles para atender situaciones de riesgo. Aseguró que, contrario a percepciones públicas, la jueza presidenta no cuenta con escolta personal. “La jueza presidenta no tiene escolta… la jueza presidenta, nosotros tenemos un cuerpo de alguaciles que, entre sus funciones, están las funciones de seguridad. Tenemos un cuerpo de alguaciles en todos los tribunales en Puerto Rico, el Tribunal Supremo, en el Tribunal de Apelaciones, de Primera Instancia y tienen diversas funciones, entre ellas asuntos de seguridad, pero hace muchísimas otras funciones”.
Related News
Cargos en ausencia contra hombre que agredió y apuntó con un arma a octogenaria en Nagua...
Trump lamenta que aliados no lo apoyen para reabrir el estrecho de Ormuz
Hallan cuerpo calcinado dentro de un auto en Morovis