LUMA solicita que demanda radicada por el gobierno se atienda a nivel federal 

El presidente ejecutivo de LUMA Energy, Juan Saca confirmó que el consorcio solicitó que la demanda radicada por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3A) y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), que busca invalidar el contrato de LUMA, sea trasladada al Tribunal Federal bajo el Título III.

“Ya que creemos firmemente que este es el foro más apropiado para atender este caso. Las recientes acciones motivadas por la política para revertir un contrato legalmente vinculante solo sirven para poner en riesgo todo el progreso real que hemos logrado, perjudicando al pueblo de Puerto Rico al amenazar proyectos críticos destinados a revitalizar y fortalecer la red eléctrica. La acción legal injustificada de la P3A y la AEE carece de fundamento, considerando que no existe incumplimiento contractual por parte de LUMA. Este tipo de acciones sientan un precedente negativo, generando serias preocupaciones para cualquier empresa que considere operar o invertir en Puerto Rico, y representan un obstáculo innecesario para la economía de la isla”, dijo Saca en declaraciones escritas.

Entre los argumentos expresados en la demanda, se establece que el proceso de aprobación de la Carta-Extensión del Acuerdo Suplementario es nulo al no contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público de las AAPP, los cuales se abstuvieron, según exigido en la Sección 10(b) de la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.

Se alega además que tampoco contó con el voto del director ejecutivo de la AEE (en ese entonces Josué Colón Ortiz), quien se rehusó a firmar la Carta-Extensión y, por lo tanto, lo autorizó el entonces presidente de la Junta de Gobierno, Fernando Gil Enseñat. Se mencionó que los términos de la Carta-Extensión tampoco cuenta con una aprobación o certificado de cumplimiento de energía emitido por el Negociado de Energía de Puerto Rico.

Tampoco, según la demanda, la Carta-Extensión nunca fue sometida para aprobación legislativa conforme exige el Artículo 10(e) de la Ley 29, el cual dispone que “toda extensión” de un contrato otorgado bajo dicha ley requiere aprobación mediante legislación.

Se paraliza el caso mientras se toma una determinación

Ante la solicitud presentada por la empresa LUMA Energy, el Tribunal de Primera Instancia en San Juan determinó que se paralizarán las labores del caso hasta que el foro judicial a nivel federal tome una decisión sobre la petición.

“Por tal razón, se dicta sentencia decretando la paralización de los procedimientos de autos. Se ordena que se considere el mismo como terminado para fines estadísticos. El tribunal se reserva expresamente jurisdicción para decretar su reapertura a solicitud de parte, en caso de que dicha petición sea denegada. En caso de que la reclamación o reclamaciones de autos queden totalmente adjudicadas en el proceso ante el foro federal se considerará definitivo este dictamen, independientemente que el Tribunal Federal o parte interesada lo notifique a esta Sala. Se deja sin efecto cualquier señalamiento pendiente”, lee le documento emitido por el tribunal de San Juan.

Contexto de la demanda del gobierno para sacar a LUMA

La semana pasada, el gobierno presentó una demanda de sentencia declaratoria e injunction preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan para que se declare nula la extensión del 2022 y se establezca una transición ordenada.

“Presenté además un recurso ante el Tribunal Supremo para que atienda con urgencia los asuntos legales y de alto interés público implicados en este caso”, señaló.

La gobernadora indicó que la notificación de disputa técnica presentada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas identificó seis áreas específicas de incumplimiento, pero LUMA abandonó el proceso pactado y acudió al Tribunal Federal.

“En lugar de permitir que el mecanismo contractual siguiera su curso, LUMA se fue al foro federal y dejó a Puerto Rico sin una adjudicación clara sobre estos incumplimientos”, expresó.

González Colón mencionó que la Carta de Extensión fue aprobada sin el voto afirmativo de la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y sin la aprobación del Negociado de Energía.