Ley del 2025 impedirá acceso a datos corporativos clave de Politank 

De la vista de comisión total en el Senado —a la que compareció el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech— surge que la firma de cabildeo Politank fue vendida por $4 millones, una cifra cercana al capital que reportó en 2024. Pero los números del año en que se concretó la transacción, 2025, no estarán disponibles para escrutinio público, tras una ley que fue impulsada por La Fortaleza.

La Ley 65 de 2025 establece sobre el informe que radican anualmente las corporaciones ante el Departamento de Estado que “para el año 2025 y años subsiguientes, no será necesario que las corporaciones organizadas al amparo de las leyes del Estado Libre Asociado radiquen el informe aquí dispuesto. No obstante, deberán cumplir con el pago del cargo anual descrito en el Artículo 17.01”.

Una revisión de estos documentos sobre Politank refleja un crecimiento marcado de la empresa de un año a otro. En 2023, Politank reportó activos por $1.59 millones y un capital de $1 millón. Para 2024, esas cifras aumentaron a $5.8 millones en activos y $5.1 millones en capital.

Ese salto coincide con el periodo en que se estructuró la salida de Domenech de la firma, tras la elección de Jenniffer González Colón a la gobernación en noviembre de 2024, luego de una campaña dirigida por el hoy secretario de la Gobernación. El funcionario ha dicho que vendió su compañía por $4 millones en diciembre de 2024, que la compraventa se realizó mediante un cheque emitido por la propia corporación y que parte de las acciones fueron adquiridas por el exsecretario del Senado Manuel Torres, quien —según su testimonio— no emitió un cheque individual. No precisó quiénes serían otros accionistas ni cómo quedó estructurada la propiedad de la empresa tras la transacción.

Previo a la compraventa, la Junta de Directores estaba compuesta por Domenech como presidente y Torres como secretario.

Según el interrogatorio preparado para la vista de comisión total, los clientes de Politank tenían $83.9 millones en contratos antes del cambio de gobierno y ahora acumulan $168.4 millones. Domenech puntualizó, en ese contexto, que Politank, como entidad, no mantiene contratos con el gobierno. También describió un mecanismo de inhibición para no intervenir en contratos de clientes de la firma, aunque reconoció que este no consta en un protocolo escrito, sino en instrucciones verbales a una funcionaria identificada como Ada Delgado.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, insistió en indagar sobre la venta de Politank, sus activos y sus clientes, pero el funcionario evitó ofrecer detalles adicionales.

Ese vacío informativo adquiere mayor relevancia ante el cambio legal aprobado en 2025. La Ley 65 eliminó el requisito de que las corporaciones radiquen informes anuales ante el Departamento de Estado. En la práctica, esto implica que los datos correspondientes a 2025 —el año en que se concretó la venta de Politank— no estarán disponibles para evaluación pública, lo que limita la capacidad de contrastar la información ofrecida en la vista legislativa con los registros corporativos.

En el análisis posterior a la vista, los licenciados Guillermo San Antonio Acha y Luis Dávila Pernas coincidieron en que el proceso dejó abiertas interrogantes relevantes, particularmente en torno a la credibilidad de las versiones presentadas.

“Para todos los efectos prácticos, él descapitaliza la corporación, pero la parte que arroja mucha duda y afecta la credibilidad del testimonio es que él dice: ‘bueno, es que la corporación compró las acciones a Domenech’. Él era 100% accionista. Él dice: ‘yo se la vendí a la corporación’. La corporación le paga $4 millones. Pero entonces dice que Torres también compró unas acciones. Ahí es que surge la duda: ¿cuánto pagó Torres? ¿Cuántas acciones fueron? Él no lo sabía. Entonces, queda la interrogante de por qué alguien compraría una compañía sin fondos, si no es por la expectativa de ingresos futuros”, planteó Dávila Pernas.

Por su parte, San Antonio Acha coincidió en que la transacción dejó vacíos. “La corporación puede ejercer un derecho preferente y recomprar acciones; eso ocurre. Pero aquí no se explicó cuál es la relación de Manuel Torres con la corporación luego de la transacción. Domenech explicó su parte, pero no qué ocurrió después. ¿Pagó adicional? ¿Cuál es su rol? No hay información”, señaló.

El punto sobre la imposibilidad de acceder a los datos financieros de 2025 fue también levantado por el analista y abogado Luis Herrero en el podcast Puestos Pa’l Problema.

El proyecto de administración que dio paso a este cambio legal se radicó el 4 de abril de 2025, fue aprobado por la Cámara el 7 de abril y por el Senado el 16 de junio. La gobernadora lo firmó el 17 de julio, convirtiéndose en la Ley 65 de 2025.

Esa ley no se limita al tema del informe ante el Departamento de Estado, sino que estableció cambios en procesos administrativos, uniformó fechas de radicación de planillas y consolidó la información entre agencias como Hacienda y el Departamento del Trabajo.

La obligación de divulgar información financiera no desaparece por completo —ya que debe incluirse en las planillas ante el Departamento de Hacienda. Sin embargo, la información contributiva en Hacienda no es de escrutinio público.