Justicia federal valida manejo de fondos a víctimas en Puerto Rico, pero detecta deficiencias menores 

El Departamento de Justicia de Puerto Rico administró conforme a las normas federales su programa de compensación a víctimas del crimen con fondos de Estados Unidos, pero presentó deficiencias en la preparación de certificaciones anuales que incidieron en la cantidad de dinero adjudicada en años posteriores, según una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia federal.

El informe examinó tres subvenciones otorgadas entre los años fiscales 2021 y 2023 por la Oficina para Víctimas del Crimen, adscrita a la Oficina de Programas de Justicia, por un total de $856,000. La auditoría determinó que Puerto Rico recibió y utilizó la totalidad de esos fondos y que el programa fue diseñado e implementado conforme a los requisitos aplicables.

No obstante, los auditores identificaron deficiencias en los procedimientos para preparar los formularios de certificación estatal, documentos que se utilizan para calcular futuras asignaciones de fondos federales. En particular, el Departamento de Justicia subestimó el total de compensaciones pagadas en los años fiscales 2021 y 2022, y sobreestimó la cifra correspondiente a 2023.

Como resultado, Puerto Rico recibió $7,000 menos de lo que le correspondía en el año fiscal 2023 y otros $4,000 menos en 2024. El informe también advierte que, de no haberse corregido a tiempo la certificación correspondiente a 2023, la isla pudo haber recibido una asignación en exceso de aproximadamente $50,000 para el año fiscal 2025.

La auditoría atribuye estas discrepancias al uso inconsistente de datos financieros y criterios de corte entre distintas oficinas dentro de la División de Finanzas del Departamento de Justicia, lo que derivó en diferencias en las cifras reportadas.

El Inspector General precisó que no identificó deficiencias significativas en los controles financieros ni en la administración general del programa, y que los fondos fueron utilizados conforme a los propósitos establecidos. Asimismo, destacó que el programa cuenta con procesos adecuados para la recepción, evaluación y pago de reclamaciones de víctimas y sobrevivientes de delitos.

Durante el periodo evaluado, el programa procesó 1,023 reclamaciones, de las cuales 933 fueron aprobadas. Además, los auditores revisaron una muestra de 45 transacciones por $172,085 y concluyeron que los pagos estaban debidamente sustentados y cumplían con las normas aplicables.

El informe incluyó una sola recomendación: que la Oficina de Programas de Justicia requiera al Departamento de Justicia de Puerto Rico fortalecer y uniformar sus procedimientos para la preparación de certificaciones anuales, con el fin de asegurar la precisión en los datos financieros reportados. Tanto la agencia federal como la dependencia local estuvieron de acuerdo con esta recomendación.

El documento aclara que los hallazgos no implican uso indebido de fondos, sino deficiencias en la precisión de los reportes que sirven de base para determinar futuras asignaciones federales.