Junta levanta bandera sobre proyecto para aumentar las pensiones y advierte de litigios “innecesarios y costosos” 

En su carta, dirigida a la gobernadora Jenniffer A. González Colón, al presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la Junta también advirtió que el Presupuesto certificado ya carga con dos áreas de riesgo fiscal significativo, dada su escala, incertidumbre y características estructurales: el programa de Medicaid y el Departamento de Educación de Puerto Rico.

“El Gobierno y la Legislatura están impulsando una medida con un impacto fiscal inmediato que el Presupuesto recién certificado no contempla”, lee parte de la comunicación, en la que se añade que la iniciativa “expondría al Gobierno a riesgos de litigio innecesarios y costosos”.

La Junta insistió en que cualquier legislación que aumente beneficios de pensión debe estar respaldada por un análisis actuarial independiente y una fuente de financiamiento recurrente y sostenible, que identifique tanto los costos anuales como los de largo plazo, incluyendo cualquier costo retroactivo.

El organismo fiscal fue enfático en que la disponibilidad de fondos en un año fiscal particular no es suficiente para demostrar que un beneficio de pensión permanente es costeable, y advirtió que establecer una obligación recurrente sin contabilizar ni financiar todos sus costos “es fiscalmente irresponsable” y arriesga con devolver a Puerto Rico a las prácticas de gasto que llevaron a la quiebra del Gobierno.

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Aunque la Junta indicó que está dispuesta a colaborar con el Gobierno y la Legislatura para atender los retos financieros de los pensionados, se reservó el derecho de tomar las acciones legales que considere necesarias, incluyendo buscar remedios ante los tribunales, para evitar la implementación de legislación que entienda inconsistente con el Plan de Ajuste, PROMESA o el Plan Fiscal.

Precisamente hoy, en conferencia de prensa, la Gobernadora reconoció que la propuesta requerirá identificar recursos y alcanzar acuerdos con la Junta.

“Yo creo que lo menos que debemos hacer es evaluar cómo elevar esas pensiones a un mínimo de mil”, expresó.

La mandataria explicó que el proyecto podría requerir dividir a los pensionados por grupos laborales y realizar un estudio actuarial para establecer el costo de los posibles aumentos.

“Posiblemente no serán estos 55,000 empleados de cantazo, haya que hacer esta segmentación. Tenemos que hacer un estudio actuarial para ver el impacto de estos aumentos y tenemos que identificar también los recursos de dónde los vamos a pagar”, sostuvo.