La Junta de Control Fiscal advirtió a la legislatura que no envíe al primer ejecutivo la medida aprobada por ambos cuerpos que daría paso a la otorgación de créditos por daños en enseres producto de apagones en el sistema eléctrico de la isla.
Mediante una carta firmada por el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert F. Mujica Jr. y enviada al gobernador Pedro Pierluisi, al presidente del Senado José Luis Dalmau y al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, se solicitó que no se dé paso a la medida.
“La Asamblea Legislativa no identificó cómo la AEE pagaría este crédito al cliente sin un aumento en la tarifa del servicio eléctrico”, lee la carta.
La Junta señaló que por estas razones el proyecto de ley es inconsistente con el Plan Fiscal de Puerto Rico y el Plan Fiscal de la AEE, por lo que instó a la legislatura que la medida no sea enviada al primer ejecutivo para ser firmada y tener su aprobación final, luego de que fuera aprobada en Cámara y Senado.
Según la Junta, la medida aumentaría los gastos de la AEE sin proporcionar ahorros o ingresos compensatorios.
“Los presupuestos del gobierno y de la AEE no contemplan los reembolsos a los clientes solicitados. En el proyecto de ley, no aborda cómo se pagarán estos costos adicionales. Cualquier medida que tenga un impacto fiscal negativo sin los ahorros correspondientes o nuevos ingresos no es fiscalmente responsable y, por lo tanto, es inconsistente con el Plan Fiscal y presupuesto aplicable, y viola PROMESA”, añade el documento.
El ente fiscal también señaló que la medida viola la sección 204(c) de la ley federal PROMESA, debido a que la medida entraría en vigor de inmediato. Según la ley, la Junta debe analizar este tipo de medidas que tengan un impacto fiscal antes de ser aprobadas.
La Resolución Conjunta de la Cámara 231 cobija a clientes residenciales y comerciales ante eventos de apagones, fluctuaciones o bajas en el voltaje de la red eléctrica.
La medida dispone los requisitos para la solicitud del crédito según el costo estimado de sustitución o reparación y reconoce una cuantía correspondiente al 10 por ciento del crédito a otorgarse para cubrir los gastos de solicitud.
