Junta fiscal detiene evaluación de contrato para barcaza energética en San Juan y exige aclaraciones 

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) detuvo la evaluación del contrato propuesto para instalar una barcaza generatriz en la bahía de San Juan y solicitó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) información adicional sobre múltiples aspectos del acuerdo con la empresa Gothams Energy.

En una carta enviada el 11 de marzo, el organismo federal señaló que el contrato presentado contiene información incompleta, inconsistencias y posibles desviaciones del proceso competitivo que dio paso a la adjudicación del proyecto.

Entre otras cosas, la Junta indicó que el acuerdo sometido para su revisión carece de datos fundamentales, como el precio específico de la energía y el valor máximo estimado del contrato, elementos que considera esenciales para continuar el análisis del acuerdo.

El contrato busca incorporar hasta 200 megavatios (MW) de generación temporera mediante una planta flotante —conocida como powership— que se anclaría en la bahía de San Juan y se conectaría al sistema de transmisión de la central San Juan. El proyecto forma parte de los esfuerzos para añadir hasta 800 MW adicionales de generación temporera al sistema eléctrico mientras se desarrollan nuevos proyectos energéticos.

Sin embargo, la Junta también cuestionó la viabilidad logística del proyecto en el puerto capitalino. En particular, señaló que el contrato contempla ubicar la planta flotante en la bahía de San Juan sin incluir un análisis claro sobre la viabilidad de permisos ni un plan detallado de logística marítima.

Entre las dudas planteadas se encuentran posibles restricciones regulatorias relacionadas con el tráfico de embarcaciones y las operaciones de transferencia de combustible en la bahía, que también alberga el terminal de gas natural licuado operado por New Fortress Energy.

La Junta pidió aclarar si agencias federales como la Guardia Costera, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Agencia Federal de Protección Ambiental han sido consultadas sobre la viabilidad del proyecto, así como detallar todos los permisos requeridos, su estado y los plazos de evaluación.

El organismo también solicitó información adicional sobre el suministro de combustible para la barcaza generatriz. Aunque declaraciones públicas del presidente del 3PPO, Osvaldo Carlo, han señalado que la empresa podría abastecerse del gas natural suministrado por New Fortress Energy en la bahía de San Juan, la Junta indicó que no se incluyó documentación que confirme acuerdos formales de suministro.

En esa línea, también pidió detalles sobre la logística de abastecimiento de gas natural licuado, posibles escenarios de escasez de combustible y cómo se priorizaría el suministro en caso de que varias instalaciones requieran gas al mismo tiempo.

Otro de los puntos que llamó la atención de la Junta es la estructura de precios del contrato. Según la carta, el acuerdo contempla mecanismos que permitirían ajustar al alza el precio de la energía si aumentan los costos globales del gas natural, mientras que los mecanismos para reducir el precio en caso de que el combustible baje serían limitados.

El organismo también solicitó explicaciones sobre varias cláusulas contractuales, incluyendo disposiciones que limitan la responsabilidad del suplidor si no entrega la energía comprometida y otras que permitirían terminar el acuerdo si el sistema eléctrico no utiliza una parte mínima de la capacidad contratada.

Además, la Junta pidió información sobre los procesos de evaluación y diligencia debida realizados sobre Gothams Energy y sus afiliadas, incluyendo una empresa vinculada a operaciones internacionales de barcazas generatrices.

En particular, solicitó confirmar si se realizaron evaluaciones con agencias federales para determinar posibles riesgos regulatorios o de sanciones, debido a operaciones de empresas afiliadas en países considerados adversarios a Estados Unidos.

La carta también plantea cuestionamientos sobre la necesidad de contratar generación temporera por un período de 10 años, considerando que durante 2025 se añadieron cerca de 1,200 MW de nueva generación al sistema y que existen otros proyectos en desarrollo, incluyendo almacenamiento en baterías y nuevas plantas.

La Junta otorgó a la AEE y al 3PPO hasta el 18 de marzo para responder a las preguntas y someter la documentación solicitada antes de decidir si el contrato puede continuar su proceso de evaluación.

Mientras tanto, el proyecto permanece sin el aval final del ente fiscal, requisito indispensable para que el acuerdo entre en vigor.