Junta de Supervisión Fiscal aprueba nuevo reglamento de compras del Gobierno y endurece fiscalización 

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el nuevo Reglamento Uniforme para la Adquisición y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales (ASG), una medida que busca reforzar los controles sobre el uso de fondos públicos y cerrar espacios para compras y contratos sin competencia abierta.

En una carta enviada el 5 de febrero de 2026 a la administradora y principal oficial de compras de la ASG, Karla Mercado Rivera, la JSF indicó que, tras evaluar la medida conforme a PROMESA, designó el reglamento propuesto como aprobado.

El reglamento establece las reglas y procedimientos que regirán la adquisición de bienes, obras y servicios no profesionales, así como principios y estándares generales dirigidos a promover el uso eficiente y responsable de los fondos públicos mediante procesos de competencia plena y abierta. Además, deroga el Reglamento Núm. 9230 del 18 de noviembre de 2020.

Entre los cambios más relevantes, la JSF destacó que las entidades exentas estarán obligadas a someter sus reglamentos de compras a la ASG para revisión y aprobación. De no hacerlo, dichos reglamentos serán invalidados y las compras realizadas bajo normas no aprobadas podrán ser declaradas nulas, además de exponerse a multas administrativas.

El nuevo marco regulatorio formaliza la Oficina de Investigaciones Especiales, que tendrá autoridad para monitorear, investigar e intervenir en agencias y entidades exentas con el fin de asegurar el cumplimiento. Estas entidades deberán implementar planes de acción correctiva dentro de un plazo de 15 días tras ser notificadas, o enfrentar multas que fluctúan entre $1,000 y $5,000. El reglamento también impone la presentación de informes mensuales detallando todas las compras y subastas, y establece auditorías trimestrales para verificar cumplimiento.

Asimismo, el reglamento refuerza la supervisión sobre modificaciones y extensiones contractuales. Las entidades gubernamentales deberán obtener autorización previa de la ASG antes de enmendar contratos ejecutados mediante procesos competitivos conducidos por la propia agencia. Las extensiones de contratos centralizados no podrán exceder el término original y deberán sustentarse en una determinación de mejor interés público. También se requerirá aprobación de la ASG para modificaciones que aumenten el valor contractual en 25% o más, siempre que no se altere el alcance original del proceso de adquisición.

Otro componente señalado por la JSF es la clarificación entre servicios profesionales y no profesionales, mediante listas no exhaustivas. La Junta subrayó que esta distinción es clave, ya que los servicios no profesionales están sujetos a procesos competitivos, mientras los profesionales operan bajo estándares más flexibles, lo que históricamente ha generado controversia.

No obstante, la JSF advirtió que el reglamento no atiende todas las debilidades estructurales del sistema de contratación pública. En particular, identificó tres áreas que requerirían acción legislativa: eliminar las categorías de entidades exentas y excluidas para centralizar plenamente las compras bajo la ASG; exigir procesos competitivos para los servicios profesionales; y establecer un marco legal específico para los arrendamientos de bienes inmuebles por entidades gubernamentales.

La Junta aclaró que su revisión se limitó a evaluar la consistencia del reglamento con el Plan Fiscal y que no constituye una revisión legal integral bajo otras leyes o reglamentos. También indicó que la evaluación se basó en la información sometida por la ASG y que no fue verificada de manera independiente.