Junta aprueba fondos para servicios de Educación Especial, pero exige cambios a Educación 

La aprobación incluye $27.8 millones para cubrir gastos de transportación, becas, reclamaciones y reembolsos a padres, así como otros $9.5 millones destinados a terapias, evaluaciones y servicios educativos relacionados. Los fondos provienen de balances disponibles de años anteriores y fueron autorizados por la Junta para atender necesidades que calificó como críticas.

Sin embargo, una entrada publicada en su blog oficial, la JSF sostuvo que servicios esenciales como terapias, evaluaciones, transportación y reembolsos a familias son obligaciones legales que deben garantizarse, pero cuestionó la manera en que la agencia ha financiado estos programas durante los últimos años. La publicación surge en momentos en que familias y proveedores denuncian que los servicios están en riesgo por falta de pago, mientras el DE señala a la JSF como la ficha del tranque.

Según la Junta, una porción significativa de los costos recurrentes de Educación Especial, incluyendo servicios contratados bajo el programa de remedio provisional, fue sufragada con fondos federales de emergencia relacionados con la pandemia que expiraron durante el año fiscal 2026. Sin embargo, las obligaciones con los estudiantes permanecen vigentes.

“La situación no responde a una insuficiencia de asignaciones presupuestarias, sino a que el Departamento de Educación no ha manejado adecuadamente los recursos disponibles”, sostuvo la JSF.

La entidad señaló que, en años recientes, los gastos en Educación Especial han excedido consistentemente las cantidades presupuestadas, obligando al gobierno a realizar reasignaciones de fondos a mitad de año para cubrir déficits operacionales. Uno de los ejemplos citados es la necesidad de solicitar fondos adicionales para costear la transportación de estudiantes de Educación Especial.

“La preocupación no es si estas necesidades deben atenderse, sino cómo han llegado a financiarse y cómo pueden financiarse de manera sostenible”, planteó la Junta en la carta enviada a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Menos estudiantes, mayores costos

La Junta también vinculó el problema a la reducción sostenida de la matrícula escolar en Puerto Rico.

De acuerdo con los datos citados, la matrícula total del Departamento de Educación se redujo aproximadamente un 37% entre los años fiscales 2017 y 2026, mientras que la asignación del Fondo General aumentó cerca de un 18% durante ese mismo periodo.

En el caso de Educación Especial, la cantidad de estudiantes disminuyó alrededor de un 18% desde el año fiscal 2010, pero el costo por estudiante atendido aumentó aproximadamente un 102% entre 2010 y 2026.

Ante este panorama, la JSF insistió en la implementación plena del modelo de presupuesto basado en estudiantes, mecanismo contemplado en el Plan Fiscal certificado que asigna recursos a cada escuela según la cantidad de alumnos y las necesidades particulares de la población estudiantil.

Exigen plan antes de aprobar presupuesto

Como parte de sus exigencias, la Junta ordenó al Departamento de Educación presentar un reglamento para implantar completamente el presupuesto basado en estudiantes y un plan para que el modelo esté plenamente operativo en la preparación del presupuesto del año fiscal 2028.

Además, requirió un plan para fortalecer el cumplimiento de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación federal, que garantiza acomodos razonables a estudiantes con discapacidades, y completar la implementación de la reforma del servicio público dentro de la agencia, incluyendo el reclutamiento de directivos en las áreas de operaciones fiscales, programáticas y tecnológicas.

La Junta también indicó que el gobierno deberá garantizar que el presupuesto del próximo año fiscal incluya fondos recurrentes suficientes para cubrir todas las obligaciones relacionadas con Educación Especial y el programa de remedio provisional antes de que se certifique el presupuesto del gobierno central para el año fiscal 2027.

Según la entidad, estas medidas buscan asegurar que los servicios dirigidos a estudiantes con discapacidades se financien de manera estable y sostenible, mientras se fortalece la transparencia y la salud fiscal del Departamento de Educación.