Junta aprueba ajuste del Crédito por Trabajo 2025, pero advierte alto impacto fiscal 

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó con observaciones el ajuste por inflación del Crédito por Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) para el año contributivo 2025, tras reconsiderar un rechazo previo al boletín informativo emitido por el Departamento de Hacienda.

En una carta fechada el 13 de febrero de 2026 y dirigida al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, la JSF explicó que en octubre pasado rechazó el boletín que anunciaba el ajuste por inflación debido a que el aumento en costos del programa no era consistente con el Plan Fiscal certificado ni con el presupuesto vigente. No obstante, luego de conocer la existencia de un acuerdo formal entre el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento del Tesoro federal que regula la transferencia de fondos federales para el EITC, el organismo revisó su determinación y optó por aprobar la medida con señalamientos.

La Junta reconoció que el EITC constituye una herramienta efectiva para incentivar la participación laboral formal y reducir la pobreza. Sin embargo, destacó que el costo del programa ha superado de forma significativa las proyecciones originales.

Según la carta, el programa se expandió bajo la Ley 41-2021 tras la aprobación del American Rescue Plan Act (ARPA), que autorizó hasta $600 millones en fondos federales anuales, con una proporción de tres dólares federales por cada dólar local. La proyección inicial contemplaba un costo total de $800 millones, con una aportación estatal de $200 millones.

No obstante, el primer año el costo superó los $1,000 millones y, para el año contributivo 2025, el total excederá los $1,500 millones. De esa cantidad, el Gobierno de Puerto Rico aportará cerca de $783 millones, lo que representa más del 50 % del total y más del triple de lo estimado originalmente.

La participación también aumentó de forma sustancial. Mientras las proyecciones iniciales estimaban menos de 515,000 beneficiarios, ahora se anticipa que alrededor de 725,000 contribuyentes reclamarán el crédito en 2025. El beneficio promedio supera los $2,000 por planilla y puede alcanzar cerca de $8,000 en algunos casos.

La Junta advirtió que el ajuste por inflación para 2025 añadirá aproximadamente $72 millones adicionales al costo del programa en comparación con 2024. Afirmó además que el EITC figura entre los gastos más significativos del Fondo General, con un costo superior a las asignaciones al Departamento de Salud y a la Universidad de Puerto Rico, y cercano al presupuesto total de Medicaid.

Ante ese escenario, la JSF recomendó fortalecer los controles administrativos y de cumplimiento, en particular en lo relacionado con preparadores de planillas, y evaluar mecanismos de fiscalización similares a los utilizados en otras jurisdicciones. También instó al Gobierno a integrar este tipo de iniciativas dentro del proceso formal de desarrollo presupuestario para asegurar alineación con los objetivos fiscales a largo plazo.

La carta aclara que la revisión de la Junta se limita al cumplimiento del ajuste con el Plan Fiscal certificado y no constituye una evaluación legal del reglamento bajo otras leyes federales o locales. Cualquier cambio material deberá someterse nuevamente a la consideración del organismo fiscal.

Advertencia sobre impacto en la pobreza

La discusión sobre el ajuste por inflación ocurre en medio de advertencias de impacto social. Un análisis del centro de investigación Espacios Abiertos estimó que, sin el ajuste por inflación, 7,475 personas no lograrían superar el umbral de pobreza en el año contributivo 2025.

De acuerdo con el estudio, el ajuste habría permitido que el número de personas por encima del nivel de pobreza aumentara de 136,990 en 2024 a 144,465 en 2025. Sin esa actualización, los parámetros del crédito se mantienen iguales a los del año contributivo anterior, pese al aumento en el costo de vida.

Espacios Abiertos recomendó incorporar una metodología transparente de ajuste automático por inflación y establecer un proceso anual de evaluación de impacto que incluya métricas de pobreza, participación laboral y costo neto del programa.

La Junta aclaró que su revisión se limitó al cumplimiento del ajuste con el Plan Fiscal certificado y que cualquier cambio material deberá someterse nuevamente a su evaluación.