Jueza presidenta no descarta retos judiciales sobre aborto y habla sobre la seguridad de los jueces 

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez aseguró que el máximo foro judicial está preparado para atender cualquier controversia legal que surja en torno al aborto en la isla, en momentos en que se han aprobado nuevas leyes relacionadas con los no nacidos.

“(El Tribunal Supremo) Está presto a decidir cualquier controversia que se le presente”, afirmó al ser cuestionada en la entrevista PuntoXPunto sobre la posibilidad de que el tema regrese al máximo foro judicial en Puerto Rico.

El señalamiento se da en un contexto en el que persiste el debate jurídico sobre la vigencia del aborto en Puerto Rico, a la luz de disposiciones del Código Penal de Puerto Rico (Artículos 98 al 101) —que tipifican el aborto como delito con excepciones— y del precedente del Tribunal Supremo en Pueblo v. Duarte Mendoza (1980), que reconoció el derecho al aborto en determinadas circunstancias. Este marco, junto a legislación reciente sobre los no nacidos, podría eventualmente provocar una revisión del alcance del derecho vigente por parte del máximo foro.

“Cualquier controversia que llegue por las vías jurídicas correctas: se presenta a Primera Instancia, Tribunal de Apelaciones y luego el Supremo, se atenderá... de cualquier tema”, explicó.

Seguridad judicial en tiempos de polarización

De otra parte, la jueza presidenta reconoció un alza en riesgos para jueces y juezas que toman decisiones en conflictos complejos bajo una lupa más directa.

“Es un problema real… la vulnerabilidad de las personas que ocupamos estos puestos es real”, sostuvo Oronoz Rodríguez.

Indicó que la preocupación no es exclusiva de Puerto Rico, sino que forma parte de una discusión más amplia a nivel internacional sobre amenazas a la judicatura.

El tema ha sido advertido también en Estados Unidos, donde el presidente del Tribunal Supremo federal, John Roberts, ha alertado sobre el aumento de la hostilidad hacia jueces y su impacto en la independencia judicial.

La jueza presidenta explicó que, en Puerto Rico, el sistema judicial cuenta con medidas de seguridad a través del cuerpo de alguaciles, que se activan en casos donde se identifica riesgo.

Aclaró, además, que ella no cuenta con escolta personal, en medio del debate público sobre la protección de funcionarios. “La jueza presidenta no tiene escolta… tenemos un cuerpo de alguaciles que, entre sus funciones, están los asuntos de seguridad”, puntualizó.

Añadió que los jueces pueden recibir protección cuando así lo requiera la naturaleza de los casos que atienden.

Práctica privada de jueces retirados

Sobre el rol de jueces retirados del Tribunal Supremo que regresan a la práctica privada, la jueza presidenta reconoció que se trata de un tema que genera posturas divididas dentro de la comunidad jurídica.

“Hay unas opiniones diversas… ha habido jueces que se han retirado y no han vuelto a pisar un tribunal y hay otros que litigan activamente”, señaló sin entrar a ofrecer su opinión al respecto.

Aquí puedes ver la entrevista en la que principalmente habló sobre la propuesta reforma judicial: