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JSF frena uso de $6.8 millones del CRIM para actualizar catastro digital 

25 March 2026
This content originally appeared on Metro Puerto Rico.

 

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) detuvo, por el momento, la autorización solicitada por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para utilizar hasta $6,863,411 de su fondo no asignado, destinados a un programa piloto para actualizar el catastro digital en Puerto Rico.

La solicitud, presentada por el CRIM en febrero, propone un plan de dos años que incluye el reclutamiento de 214 empleados provisionales para identificar la titularidad de 56,324 propiedades, un problema histórico que impacta la captación de ingresos municipales.

Aunque la JSF reconoció la importancia de corregir las deficiencias en la información de propiedad —clave para mejorar la tasación y el cobro de contribuciones—, planteó reservas sobre la ejecución del programa.

En particular, el organismo fiscal señaló dudas sobre la capacidad del CRIM para manejar acuerdos colaborativos con municipios, así como la complejidad del modelo propuesto, que permitiría a empleados municipales trabajar bajo un esquema híbrido financiado parcialmente con estos fondos.

La Junta también advirtió que existen antecedentes de incumplimiento y entrega tardía de información en iniciativas previas, lo que levanta cuestionamientos sobre la viabilidad del nuevo proyecto.

Como condición para evaluar la solicitud, la JSF requirió al CRIM una serie de documentos e información adicional, incluyendo estados financieros auditados, informes presupuestarios actualizados, el listado de municipios participantes, un borrador de los acuerdos intergubernamentales y métricas claras para medir desempeño e impacto económico.

Además, recordó que el uso de fondos no asignados requiere aprobación previa del organismo, conforme al presupuesto certificado vigente.

El intercambio coloca en pausa un esfuerzo que el propio ente fiscal reconoce como necesario para fortalecer las finanzas municipales, pero cuya ejecución aún genera dudas en términos de gobernanza y capacidad operacional.

En la carta no se establece una fecha límite específica para que el CRIM entregue la información solicitada por el ente creado bajo la ley federal PROMESA.