JSF afirma que certificó el presupuesto revisado tras falta de consenso entre el gobierno y la Legislatura 

Del mismo modo, desmintió que se tratase del primer presupuesto balanceado certificado debido a que fue elaborado por el organismo federal. Sin embargo, para considerarse como tal, indicó que debe ser confirmado por una auditoria financiera independiente que utilice las normas que exige la ley Promesa.

El presupuesto revisado del año fiscal 2026 certificado por la Junta de Supervisión, según explicó el ente en declaraciones escritas, “fue y continúa siendo” un presupuesto que podría considerarse conforme con las condiciones para la disolución la Junta de Supervisión, en virtud de la Sección 209 de PROMESA, si la auditoría financiera independiente del Gobierno de Puerto Rico determina que el presupuesto del año fiscal 2026 se mantuvo equilibrado bajo los estándares de contabilidad de acumulación modificada.

Este presupuesto revisado refleja una enmienda al presupuesto del año fiscal 2026 certificado anteriormente, para incorporar ingresos que no se habían presupuestado, como parte habitual del proceso de cierre del presupuesto al final del año ayer, 30 de junio de 2026.

Además, aclaró, que no tiene relación alguna con el presupuesto para el año fiscal 2027, que la Junta había certificado anteriormente.

La declaración también responde a las críticas surgidas por la certificación del presupuesto revisado y defiende que la Junta actuó porque el gobierno y la Legislatura no lograron presentar una versión acordada.

González Colón, por su parte, había rechazado ayer la interpretación de la Junta sobre el presupuesto certificado para el año fiscal e insistió en que el documento presentado por su administración cumple con el requisito de estar balanceado.

“Tenemos economías en este presupuesto en el gobierno y queremos que sea balanceado”, expresó la gobernadora en su transmisión en vivo.

El documento incluye $35 millones de dólares destinados para la rehabilitación de carreteras, conforme al marco estructurado propuesto por la Junta, que toma en cuenta las millas de carreteras, el estado de las carreteras y la capacidad de pago de cada municipio.

El marco propuesto también dispone sobre la notificación a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de las asignaciones propuestas.

Además, el presupuesto revisado incluye varias partidas, entre ellas: un aumento de $222 millones de dólares en la Reserva para la Estabilización de Tarifas, que al momento cuenta con $683 millones de dólares.

La reserva, bajo la custodia del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, se creó para estabilizar las tarifas eléctricas en virtud del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

La Ley federal PROMESA exige un total de cuatro presupuestos balanceados consecutivos como uno de los requisitos principales para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pueda disolverse y el gobierno recupere el control fiscal total así como reestructurar la deuda pública de Puerto Rico y restaurar su capacidad para volver a tomar prestado en el mercado a tasas de interés razonables.

Para la licenciada Alondra D. Hernández Quiñones se trata de una “pugna entre el verdadero poder y la simulación de gobierno que tiene Puerto Rico con la gobernadora y la Legislatura”.

“Lo ocurrido con el presupuesto nos vuelve a recordar una realidad bien incómoda y dolorosa, de que en Puerto Rico las decisiones fiscales y otros tipos de decisiones están completamente subordinadas a un organismo cuyos integrantes no fueron electos por el pueblo de Puerto Rico, y que la voluntad democrática expresada por el Ejecutivo y la Legislatura depende totalmente de la aprobación de una entidad externa con amplios poderes para imponer o vetar decisiones”, señaló la licenciada en derecho.

Entre los argumentos que presentó la gobernadora ayer en la noche para establecer que se trataba de un gobierno balanceado, mencionó un superávit fiscal de $635 millones de dólares e ingresos al gobierno mayores de lo establecido.

Sobre esto, Hernández Quiñones cuestionó sus expresiones al indicar que Puerto Rico continúa en un proceso de quiebra al amparo de PROMESA.

“No existe tal cosa como un superávit cuando siquiera a través de la ley PROMESA, que recientemente cumple 10 años de imponerse el pueblo de Puerto Rico, no ha logrado descifrar los servicios esenciales. Lo único que ha logrado es reestructurar una parte de la deuda de energía eléctrica, no se ha logrado auditar la deuda en su totalidad”, explicó Hernández Quiñones.

“¿Cómo vamos a hablar de un presupuesto con superávit en un país quebrado? Porque si tuviéramos un superávit, entonces la Junta no tendría razón de ser“, añadió.

Según la abogada Eva Prados Rodríguez, más allá de si el presupuesto aprobado es o no balanceado, la verdadera interrogante es si responde a las necesidades de la ciudadanía.

“Tiene un superávit de $635 millones de dólares, mientras la Universidad de Puerto Rico le estás exigiendo más recortes a su presupuesto, donde no le ha aprobado un plan fiscal, porque supuestamente no responde a la pregunta de cómo se van a pagar los sistemas de pensiones, cuando los sistemas de pensiones probablemente se atienden también con el dinero que se está teniendo de sobrante... Así que lo que la Junta decida como presupuesto balanceado no significa que sea un presupuesto que le sirva al país bien”, señaló Prados Rodríguez.

Otra de las condiciones establecidas en PROMESA para aprobar la salida de la JSF es que Puerto Rico debe recuperar un acceso adecuado y sostenible a los mercados financieros a corto y mediano plazo, con tasas de interés razonables, sin embargo, Hernández Quiñones explicó que, actualmente no existe un mercado estable ni competitivo a nivel global.

“Hay una situación con la inflación y como los mercados se están moviendo a una economía mucho más cerrada. Por lo tanto, ingresar como territorio de Estados Unidos a los mercados es una misión bastante onerosa para Puerto Rico en la condición de quiebra. Y la Junta tampoco ha procurado, ni los comisionados residentes han procurado que este ingreso a los mercados sea uno equitativo y competitivo para Puerto Rico.

Prados Rodríguez, además, estableció que el presupuesto sigue siendo uno “impuesto” y que “nos abre a la idea de que ellos van a seguir aquí indiscriminadamente porque ese elemento de que ellos deciden qué es un presupuesto balanceado parece ser la encerrona”.

A 10 años de PROMESA

Tras 10 años de la aprobación de la Ley PROMESA, las licenciadas coincidieron en que las condiciones sociales en Puerto Rico han empeorado y que su implementación ha partido de una legislación fallida que ha impactado particularmente a la Universidad de Puerto Rico, debido a los recortes presupuestarios.

“Habían alternativas, pero aceptar una Junta no era viable y hoy, hasta los mismos gobernantes han tenido que reconocer que ha sido un fracaso. Entonces no acabamos de resolver la quiebra y no sabemos cuando se van”, indicó Prados Rodríguez.

Hernández Quiñones, por su parte, dijo que “los intereses políticos e ideológicos de la gobernadora están completamente divorciados de la realidad puertorriqueña, y por eso es que ella decide subordinarse y permite tantos escándalos en su gobierno”.