Pese a ello, Méndez sostuvo que no abrirá nuevamente la medida para atender nuevas enmiendas.
La propuesta presentada por Navarro busca devolver discreción al Tribunal de Primera Instancia para determinar si corresponde imponer una fianza y cuál sería la cantidad aplicable según cada caso, tomando en consideración factores como los recursos económicos de la parte demandante, el interés público involucrado y el posible impacto comunitario o económico del proyecto.
Además, la medida aclara que el requisito aplicaría específicamente a solicitudes de paralización de obras en suelo rústico y no a cualquier proyecto de construcción en general.
La Ley 82-2026 generó controversia casi inmediatamente después de ser firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón, debido a críticas de sectores ambientales, comunitarios y legales que alegan que la disposición podría limitar el acceso ciudadano a los tribunales para fiscalizar proyectos de construcción.
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