“Hay que botarlo”: exfuncionario DTOP demanda por represalias en caso relacionado a Secretaria de Vivienda 

El exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, presentó una demanda por alegadas represalias en la que sostiene que fue trasladado y dejado sin funciones luego de investigar presuntas irregularidades en un centro de inspección vehicular que la demanda identifica como propiedad de la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Y. Pérez Peña.

El recurso, radicado hoy 19 de febrero de 2026 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, invoca la Ley 115-1991 (Ley Antirrepresalias) y la Ley 2-2018 (Código Anticorrupción).

Según la demanda, durante una investigación iniciada en 2023 se examinó el centro Yabucoa Auto Services, identificado en el documento como “propiedad de la actual Secretaria del Departamento de la Vivienda Ciary Y. Pérez Peña”.

El texto judicial sostiene que: “En dicho Centro de Inspección se estaban falsificando las inspecciones sin entrarlas al sistema con el resultado neto de que se apropiaban del dinero cobrado por la inspección en su totalidad, defraudando al erario y engañando al Gobierno y a los clientes diciendo que habían hecho la inspección”.

La demanda indica que se identificaron 1,975 transacciones al momento de la investigación. Conforme al Artículo 12.07 de la Ley 22 de Tránsito, cada transacción fraudulenta conlleva una multa de $500, lo que, según el documento, acumuló $987,500 en multas administrativas.

Además, el recurso recoge una expresión atribuida al padre de la funcionaria, según relato consignado en el documento: “ustedes no saben con quien se están metiendo. Mi hija está en la campaña de Jenniffer González ese Arturo Deliz las va a pagar”.

Asimismo, la demanda señala que, ya siendo secretaria de Vivienda, Pérez Peña habría expresado —según relatado por Mary Fuster Romero al demandante— que: “Arturo Deliz la tiene harta y hay que botarlo”.

Alegado traslado y aislamiento

El demandante sostiene que, tras realizar referidos relacionados con las presuntas irregularidades, fue trasladado en julio de 2025 a un espacio sin funciones asignadas.

La demanda describe que fue ubicado: “Sin computadoras, sin tareas ni encomiendas laborales. Como se indica en el argot popular, mirando contra la pared”.

Deliz alega que este traslado constituyó una represalia prohibida por la Ley 115 y que le ha provocado “severas angustias mentales”, incluyendo ansiedad, depresión y pérdida de sueño.

En su petición, solicita el pago de triple daño no menor de $375,000, además de un 25% adicional por costas y honorarios, y que el tribunal ordene el cese de las alegadas acciones adversas.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Y. Pérez Peña, ha rechazado imputaciones relacionadas al negocio de inspecciones y ha señalado que se trata de señalamientos “falsos” y “difamatorios”.

La funcionaria ha dicho que el centro de inspección mencionado es un negocio familiar en cuya operación, administración y toma de decisiones no participa desde febrero de 2017.

“Ni mi familia, ni yo hemos solicitado, ni recibido trato preferencial. Quien exprese lo contrario miente y tiene la obligación de probarlo en los foros correspondientes”, expresó.

La funcionaria sostuvo además que los hallazgos señalados no constituyen imputaciones criminales contra su persona y responden, según indicó, a fallas técnicas que también afectaron a otros centros de inspección.

La gobernadora Jenniffer González Colón ha indicado que esperará por el informe solicitado al DTOP antes de emitir una determinación. Aunque ha reiterado su confianza en Pérez Peña.