Gobierno apela fallo que le impide exigir credencial de prensa en La Fortaleza 

El Gobierno de Puerto Rico presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la sentencia que le prohíbe exigir la credencial de prensa que emite el Departamento de Estado como requisito para que periodistas accedan a conferencias en La Fortaleza.

“La noción de que todo periodista posee un derecho constitucional irrestricto a acceder físicamente a cualquier conferencia de prensa… es jurídicamente insostenible”, alega el gobierno de Jenniffer González en su escrito al Tribunal de Apelaciones.

En el recurso, radicado por la Oficina de la Gobernadora, el Departamento de Estado y la secretaria de Prensa, el Ejecutivo sostiene que la determinación del Tribunal de Primera Instancia fue errónea tanto en el manejo procesal del caso como en su análisis constitucional.

El Gobierno argumenta que la jueza Iris L. Cancio emitió una sentencia declaratoria y un injunction preliminar y permanente sin celebrar vista evidenciaria ni permitir la presentación de prueba, lo que —según plantean— les privó de su derecho a defenderse adecuadamente.

Además, sostienen que el tribunal resolvió el caso basándose únicamente en las alegaciones de la demanda, sin convertirlas en hechos probados mediante evidencia, lo que califican como un error fundamental en derecho.

Defienden la certificación como requisito “neutral”

En la apelación, el Ejecutivo insiste en que la credencial de prensa es un mecanismo administrativo legítimo, diseñado para organizar el acceso a espacios gubernamentales con limitaciones físicas y de seguridad.

Según el recurso, este proceso no constituye censura ni regula el contenido periodístico, sino que forma parte de un sistema de acreditación similar al que se utiliza en otras jurisdicciones para controlar el acceso a instalaciones oficiales.

“La Fortaleza no es una plaza pública abierta al acceso irrestricto; es la sede ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico”, sostienen.

El Gobierno también plantea que los demandantes no demostraron un daño real, ya que —según alegan— ni siquiera solicitaron la certificación cuya constitucionalidad cuestionan.

La apelación surge luego de que, el pasado 23 de febrero de 2026, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinara que la certificación emitida por el Departamento de Estado no es un mecanismo válido para decidir qué periodistas pueden acceder a conferencias de prensa del Ejecutivo.

La jueza concluyó que exigir dicha credencial como requisito para cubrir actividades oficiales en La Fortaleza viola el derecho constitucional a la libertad de prensa, por lo que emitió un injunction que prohíbe su aplicación.

El caso fue presentado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), tras denunciar que a sus periodistas se les había negado acceso a una conferencia de prensa por no contar con la certificación.

Tras la sentencia original, organizaciones periodísticas celebraron la determinación judicial.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Nydia Bauzá, afirmó entonces que la decisión representaba “un triunfo, no solo de los periodistas, sino del pueblo puertorriqueño”.

Por su parte, la presidenta del Overseas Press Club (OPC), Wilma Maldonado Arrigoitía, sostuvo que el requisito impuesto por La Fortaleza era “caprichoso” y tenía como efecto limitar el ejercicio del periodismo.

Ambas organizaciones coincidieron en que el acceso a conferencias de prensa oficiales es un componente esencial para la fiscalización del poder público y el derecho ciudadano a estar informado.

La apelación del gobierno la firma la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres y los abogados de la firma PR Legal Advisers, Ramón Rosario Cortés y Gian Carlos Oliver Martínez.