“Esas son medidas inmediatas [...] para este mes de noviembre, para este mes de diciembre, que llegan directamente al bolsillo”, dijo.
La gobernadora justificó la urgencia en el alza de la tarifa eléctrica, que según dijo ha superado lo proyectado. “Mucha gente decía que era un aumento del 30%, pero en algunos casos se ha convertido en un 50%”, señaló, y añadió que el impacto alcanza las facturas residenciales, las comerciales y las de los hospitales.
“¿Quién paga 33 centavos por kilovatios hora? La gente tiene que decidir si paga sus medicamentos, si paga sus alimentos, si paga la hipoteca. Tú no puedes vivir así”, expresó.
Sobre el mediano y largo plazo, González Colón indicó que en la reunión también se discutieron las plantas que se están instalando, las que entrarían en servicio en noviembre y diciembre, las reparaciones al sistema eléctrico y las conversiones a gas natural.
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Cuestionada sobre cómo lograr la salida de la Junta si su administración toma decisiones que no coinciden con las del organismo, la gobernadora defendió su manejo fiscal. “La realidad es que la Junta llega aquí para tratar de imponer su visión, pero yo desde que soy gobernadora tengo dos presupuestos balanceados, ningún otro gobernador ha tenido dos presupuestos balanceados certificados por la Junta”, respondió.
“Se pueden balancear ambas cosas. No es fácil, pero se pueden hacer con disciplina fiscal y estableciendo las prioridades”, agregó.
La carta, firmada por el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica, se envió el miércoles a la gobernadora, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.
En ella, el organismo pidió que la suspensión del IVU en los alimentos preparados, que estaría vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre, no entre en vigor hasta que complete su revisión, ya que el Gobierno no ha identificado cómo cubrir los $56.8 millones que costaría, según un estimado preliminar del Departamento de Hacienda.
Mujica criticó además que es la segunda vez este año que se anuncia un alivio contributivo fuera del proceso presupuestario, y que la propuesta no se discutió en la reunión que ambas partes sostuvieron el 21 de octubre, dos días antes del anuncio. “El problema no es la cifra de esta propuesta; el problema es la práctica”, lee la carta.
La Junta también recordó que el alivio contributivo de $554 millones aprobado en mayo estaba atado al compromiso del Gobierno de establecer por ley un fondo de estabilización presupuestaria y un fondo de capital. Los Proyectos de la Cámara 1261 y 1262 se aprobaron en junio con enmiendas que la gobernadora no había avalado y no se convirtieron en ley. Las medidas se volvieron a radicar como los Proyectos de la Cámara 1391 y 1392, que la Junta pidió aprobar durante la presente sesión.
Por su parte, Rivera Schatz dijo que “cualquier cosa que sea un alivio para la gente, nadie lo puede ver mal”, pero cuestionó si la exención es suficiente y atribuyó el freno de la Junta a que la propuesta no contó con la colaboración de la Asamblea Legislativa.
“El que no tiene liderato, la visión y la capacidad, pues confronta problemas”, expresó el presidente del Senado a preguntas de Telenoticias.
Rivera Schatz también cuestionó la autoridad moral de la Junta para exigir al Gobierno una disciplina fiscal que, a su juicio, el organismo no se impone a sí mismo, y respaldó utilizar $131.6 millones del Fondo de Reserva de Emergencia para evitar que los consumidores paguen parte del aumento en la factura del trimestre de octubre a diciembre.
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