Entre los cambios, la ley incorpora a los negociados del Departamento de Seguridad Pública y a su Centro de Capacitación y Desarrollo de Seguridad Pública en los trabajos de desarrollo del plan junto con las demás entidades gubernamentales. También sustituye la referencia al Colegio Universitario de Justicia por la Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento.
Por otro lado, la Ley 216-2026, que surge del Proyecto de la Cámara 818, establece que la Junta Examinadora de Peritos Electricistas deberá evaluar individualmente los antecedentes penales de quienes soliciten un certificado de aprendiz o una licencia de ayudante de perito electricista o de perito electricista.
La medida enmienda la Ley de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas y busca facilitar la reinserción laboral de personas que recibieron capacitación durante su confinamiento y que, al regresar a la comunidad, enfrentan obstáculos para ejercer la profesión debido a sus antecedentes penales.
Para evaluar las solicitudes, la Junta deberá tomar en cuenta la naturaleza y gravedad del delito, su relación con las funciones de la ocupación, el tiempo transcurrido desde la condena o el cumplimiento de la sentencia y la participación en programas de rehabilitación. También considerará la conducta posterior, las referencias, la estabilidad laboral y el riesgo actual para la seguridad pública, entre otros criterios.
Sin embargo, la ley mantiene la prohibición de expedir certificados o licencias a personas que hayan cometido delitos de maltrato de menores en cualquiera de sus modalidades, incluida la pornografía infantil, así como agresión sexual, actos lascivos, secuestro, incesto, trata humana, maltrato contra adultos mayores o explotación financiera.
Asimismo, González Colón firmó la Ley 217-2026, que surge del Proyecto de la Cámara 754 y reconoce un derecho preferente de adquisición a usufructuarios y arrendatarios que hayan invertido recursos propios en mejoras necesarias y útiles a propiedades gubernamentales que dejaron de tener utilidad pública.
La medida, de la autoría del representante Edgardo Feliciano Sánchez, enmienda la Ley 12 de 10 de diciembre de 1975 y coloca a estos usufructuarios y arrendatarios en el cuarto lugar del orden de adquisición preferente, antes de los propietarios de terrenos colindantes, quienes pasan a ocupar el quinto lugar.
Para ejercer ese derecho, deberán estar en posesión del inmueble y haber cumplido con las cláusulas y condiciones de sus respectivos contratos. La disposición de los inmuebles en desuso de la Rama Ejecutiva continuará sujeta a la evaluación y autorización del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles.
La gobernadora también firmó la Resolución Conjunta 75-2026, que surge de la Resolución Conjunta de la Cámara 339, de la autoría del representante Joe Colón.
La medida permite la segregación del terreno donde ubica la residencia principal de la familia González Santiago, en el barrio Arenas de Utuado.
La resolución ordena a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico liberar determinadas condiciones y restricciones sobre el Solar 2-A del Proyecto Arenas, perteneciente a Norberto González Vega y a la sucesión de Ángela Santiago González, para viabilizar la segregación del predio residencial.
Tres medidas vetadas
Por otra parte, González Colón vetó el Proyecto de la Cámara 881, al considerar que ampliaba el acceso a incentivos sin garantizar la creación de empleos ni el retorno económico esperado.
También rechazó el Proyecto de la Cámara 1192, debido a las cargas fiscales adicionales que, según indicó, impondría a los municipios.
Finalmente, vetó la Resolución Conjunta de la Cámara 156, cuyo propósito, de acuerdo con la gobernadora, está siendo atendido por la Autoridad de Carreteras y Transportación desde 2022.
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