Gobernadora firma orden ejecutiva que oficializa la Revisión del Plan de Ordenación Territorial de Bayamón 

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó una orden ejecutiva que oficializa la revisión del Plan de Ordenación Territorial (POT) de Bayamón, al tiempo que convirtió en ley una enmienda a la normativa que rige los procesos judiciales con menores, en dos acciones que impactan áreas distintas: el desarrollo urbano y las garantías en el sistema de justicia.

La Orden Ejecutiva 2026-0016 valida la revisión integral del plan territorial del municipio, un instrumento de planificación que traza directrices sobre uso de terrenos, desarrollo económico e infraestructura.

El documento incorpora datos socioeconómicos recientes que apuntan a cambios en indicadores como ingresos, participación laboral y niveles de desempleo en Bayamón, así como el concepto de “población funcional”, que incluye a quienes se desplazan diariamente al municipio por trabajo o servicios.

Según la información divulgada, esa población superaba las 300,000 personas en 2021, lo que posiciona a Bayamón como un centro de actividad económica y de servicios. La revisión también contempla proyectos como mejoras al transporte colectivo, digitalización de servicios municipales, rehabilitación de estructuras y obras de mitigación de inundaciones, además de iniciativas vinculadas a tecnología agrícola y agroturismo.

El plan introduce, además, una clasificación de riesgo para proteger áreas vulnerables a eventos naturales, con el fin de limitar desarrollos en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.

En paralelo, la gobernadora firmó la Ley 51-2026, que enmienda la Ley de Menores para requerir que todo interrogatorio en el que un menor renuncie a derechos constitucionales sea grabado en audio y video en su totalidad.

La medida establece que, para validar una confesión, el Estado deberá demostrar que esta fue realizada de forma voluntaria, consciente e informada, tomando en cuenta factores como la edad, educación, experiencia del menor, el tiempo bajo custodia y si contó con asistencia legal o familiar.

Con esta enmienda, se busca que exista un registro completo de las circunstancias en que se obtienen las declaraciones, lo que permitiría evaluar con mayor rigor la legalidad de los procesos desde la etapa investigativa.